Con una pancarta que reza «El silencio del Gobierno pone en peligro nuestros puestos de trabajo», los trabajadores del Hotel Oliva Beach, perteneciente a la cadena RIU, daban esta mañana la bienvenida a los representantes políticos (PSOE, PP, CC, NC, AMF) de la Isla; asociaciones empresariales; instituciones públicas, entre ellas el Cabildo de Fuerteventura, el Ayuntamiento de La Oliva, el Senado y el Parlamento canario, entre otros, que se acercaron hasta el emblemático hotel para mostrar el apoyo unánime a la empresa y los trabajadores en su reivindicación de obtener los permisos necesarios por parte del Ministerio de Transición Ecológica para poder llevar a cabo las obras de remodelación de este edificio que fue construido en 1977.
Como explicó la responsable de los servicios jurídicos de RIU en Canarias, Águeda Borges, la empresa es la concesionaria administrativa legítima del uso del suelo, concesión que fue prorrogada en 2016 por 75 años más y por la que pagan un canon de 2 millones de euros anuales. Sin embargo, denuncia que los criterios utilizados por el Ministerio para retrasar la autorización y, ahora, abrir un expediente para anular dicha concesión «ralla lo punible».
En esa línea de apoyo a la empresa y los casi 400 trabajadores afectados se mostraron todas instituciones presentes en la rueda de prensa ofrecida a los medios de comunicación. Durante la misma cabe destacar la intervención de la alcaldesa de La Oliva, Pilar González, quien adelantó que ya ha solicitado una reunión con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para trasladarle un informe elaborado por el Ayuntamiento sobre el impacto socioeconómico que supondría el cierre del hotel. El Ayuntamiento norteño redacta dicho informe a petición de los trabajadores del Comité de Empresa del Oliva Beach.
