Texto: Janey Castañeyra
Hay quien le cuesta entender que en Fuerteventura se esté protestando por la implantación de energías renovables, siendo esta precisamente una de las demandas históricas de la sociedad majorera. Desde la Asociación de Vecinos El Time Limpio y Sostenible lo tienen claro “porque estamos ante la mayor amenaza al territorio en toda la historia de la Isla. Que quede claro, estamos a favor a de las renovables, pero con coherencia y planificación”, asevera Rafael Martínez. Los datos recopilados por esta asociación y otros colectivos ambientales apoyan estos temores. El impacto que han provocado los aerogeneradores de iniciativa privada ya instalados en los últimos dos años se multiplicaría hasta alcanzar unos 80 aerogeneradores repartidos por toda la Isla sin orden alguno, y otros 50 parques fotovoltaicos ocupando cientos de hectáreas de terreno.
Para una isla con un consumo medio de 79 megavatios al día, y un pico máximo de en torno a 100, se han iniciado expedientes para instalar grandes parques de energías renovables que suman más de 400 megavatios de potencia, es decir, entre cuatro y cinco veces más de lo que se consume en la Isla.
Las críticas a estos proyectos vienen de varias direcciones. Su autorización saltándose la calificación del suelo y sobre espacios de protección paisajística, las molestias directas a los vecinos, su impacto visual y dispersión, la ausencia de planificación, la afección a la biodiversidad, su nulo retorno económico y social para la Isla o un modelo especulativo a la caza de las subvenciones europeas son algunos de los argumentos esgrimidos por quienes se posicionan en contra, y que vale la pena repasar.
En primer lugar, la autorización de los aerogeneradores ya instalados en suelos donde el planeamiento no lo contempla ha sido posible gracias a la fórmula de la Declaración de Interés General (DIG) contemplada en la legislación del sector eléctrico canario y su artículo 6 Bis.
Estos mecanismos han habilitado al Gobierno de Canarias a autorizar este tipo de parques de renovables en suelos rústicos de protección paisajística, ecológica, natural, etc. y en ausencia de una planificación específica. Así ocurre en Fuerteventura, cuyo planeamiento actual es un PIOF del año 2001, documento desactualizado al no contemplar la planificación de energías renovables y al no existir tampoco un Plan Territorial Especial de Ordenación de Infraestructuras Energéticas, que permitiría ordenar la ubicación de estas instalaciones cuya redacción correspondería al Cabildo insular.
“Es una vergüenza. Nadie ha pensado en Fuerteventura. Se están saltando la legislación ambiental”, protesta Rafael Martínez. Lo que debería ser una fórmula excepcional para proyectos e iniciativas de interés público, como colegios o carreteras o, en el caso del sector energético, para garantizar el suministro eléctrico, en Fuerteventura se ha utilizado para autorizar estos parques privados. Eduardo Vidarte, licenciado en Ciencias del Mar y máster en Gestión del Territorio, explica desde la Asociación SOS Malpey, que “se ha promovido un mecanismo para saltarse el ordenamiento, porque Fuerteventura no tiene un problema de suministro, dando cabida a multitud de proyectos que se presentan de manera fraccionada y diseminada”.
Antecedentes. Ocurrió con la línea de alta tensión, que ha permitido también la instalación de enormes torretas de norte a sur de la Isla, y cuya tramitación se dividió en tres partes precisamente para evitar los controles ambientales, denuncian los colectivos. De hecho, el Cabildo insular denunció en tribunales el tramo central de la línea de alta tensión y ganó el contencioso, obligando a Red Eléctrica a soterrar el tendido. La línea de alta tensión se relaciona con la futura conexión con Lanzarote y la futura con Gran Canaria para dar salida al excedente de producción majorero e, incluso, con África a través del proyecto InterMacan que presentó en su día el ITC.
En Canarias ya se ha utilizado 55 veces la declaración de interés general, de las que 8 corresponden a Fuerteventura, todas ellas asociadas a la repotenciación de la línea de transporte eléctrico y a proyectos privados de energías renovables: un total de 18 aerogeneradores distribuidos entre Villaverde, Puerto del Rosario y El Cardón, explica Rafael Martínez desde El Time. Eduardo Vidarte también cuestiona las propias declaraciones de impacto ambiental, por no adecuarse a la realidad. Por ejemplo, en el caso de los aerogeneradores de Villaverde, “están ubicados muy cerca de una guirrera, algo que el promotor no reflejó en su estudio de impacto ambiental, ni tampoco la propia Consejería de Medio Ambiente al emitir su declaración favorable de impacto ambiental. Cada aerogenerador es como una pantalla giratoria gigante que interrumpe el vuelo de las aves. Señala Martínez que “es como un campo de fútbol dando vueltas en el aire”. En cuanto a los parques fotovoltaicos, ubicados sobre el suelo, afectarían principalmente a las aves esteparias como la hubara, fragmentando su hábitat y el territorio.
Tras la evaluación ambiental favorable, y una vez aprobada la declaración de interés general, el proceso continúa con el trámite declarando la utilidad pública de estos proyectos, habilitando así el Gobierno regional la expropiación de los terrenos donde se ubican. Así ha ocurrido con el parque eólico de Puerto de Rosario. Una vecina afectada, Lean Stanhope, relata que a su pareja, propietario de la vivienda, le han expropiado terrenos “por una cantidad ridícula” para instalarle un molino a 400 metros, devaluando enormemente su propiedad. “El impacto visual es fatal. Nuestra casa está entre cuatro molinos. Vivimos dentro de un parque eólico”, dice visiblemente afectada. Otra vecina, Laura, solloza al explicar cómo a solo 300 metros de la casa terrera en la que vive levantaron otro aerogenerador de 160 metros de altura, el equivalente a un edificio de 50 plantas. “Las molestias son visuales y de ruido. Escucho el molino desde dentro de casa. Sientes invadido tu espacio vital y es una aberración para el campo y el paisaje”.
