Texto: Mónica Quintero
Foto: Janey Castañeyra (archivo)
Semana Santa está a la vuelta de la esquina. Es un hecho. Por ello, tanto los campistas y autocaravanistas de la Isla como de otros rincones del Archipiélago tienen puesta su mirada en el litoral de Fuerteventura con el fin de pasar unos días de descanso con la familia mientras disfrutan de una de las estampas más bellas del Archipiélago. Cada vez más personas prefieren la fórmula de la caravana y autocaravana para hacer turismo porque, sobre todo después de la pandemia, les permite recorrer nuevos lugares pero sin abandonar la seguridad de sus grupos burbuja. “En tiempos de COVID es un turismo sano y seguro; es una alternativa”, asegura Víctor Saavedra, presidente de la Asociación de Campistas de Fuerteventura.
Sin embargo, también sabe que en Fuerteventura están expuestos, “como si fuéramos delincuentes”, en referencia a los controles que ejerce el Seprona sobre la actividad de la acampada. Y es que Víctor Saavedra lo tiene claro: más de dos años después de que se prometiera la regulación de la acampada en la Isla, “todo sigue igual, seguimos desamparados porque la realidad es que seguimos como al principio”.
Él y el resto de asociados solo piden una cosa: que se regule la acampada. Si bien es cierto que la autorización de la actividad recae en cada uno de los ayuntamientos, el instrumento que ofrece el marco general legal para que las administraciones locales puedan guiarse sobre cómo ordenarlas es el Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura (PIOF). Del PIOF y su revisión se sabe poco: que forma parte de un paquete (junto a otros 13 instrumentos de planeamiento) encargado por tres millones de euros a Gesplan para que asuma la redacción de estos. Pero, como se desconoce la fecha para la aprobación definitiva del PIOF, paralelamente la Consejería de Ordenación del Territorio, que dirige el también presidente Sergio Lloret, ha encargado unas Ordenanzas Provisionales de Acampada (que también forma parte de ese paquete de documentos encomendados a Gesplan), cuya aprobación definitiva también se desconoce. Según el propio presidente “la previsión que tenemos es que antes del verano podamos tener las ordenanzas aprobadas”, siempre y cuando no se retrasen los plazos de entrega, la propuesta de documento cuente con el consenso de las partes (incluida Costas), se lleve a tiempo a Pleno para su aprobación, se exponga a público, no haya alegaciones sustanciales y se apruebe definitivamente.
Si bien en mayo del año pasado el responsable insular de Ordenación se comprometía “con los ayuntamientos a aportarles un modelo que facilite el trabajo a la administración local”, tal y como informaba en nota de presa tras mantener una reunión con los representantes de los campistas; ahora, diez meses después y ante la posible tardanza para disponer de las Ordenanzas Provisionales, asegura que “es una cuestión puramente municipal y son los ayuntamientos los que tienen que mirar cualquier medida que quieran impulsar”. Con estas palabras, lanza la pelota al tejado de las administraciones locales y propicia una heterogeneidad normativa con criterios aleatorios según sea el municipio. En este punto cabe recordar, además, la saturación a la que se sometería a las Oficinas Técnicas municipales, encargadas de sacar adelante cualquier ordenanza municipal vinculada a una actividad, incluidas las acampadas, además de las licencias propias del día a día en un ayuntamiento.
Para agilizar y aunar criterios, la consejera y portavoz del grupo NC-AMF- Frente Amplio, Sandra Domínguez, propuso en la última sesión plenaria insular “crear una Comisión Técnica en la que estén presentes todos los ayuntamientos de la Isla y que esté liderada por el Área de Planificación [Lola García], ante la inactividad del responsable de Planeamiento [Sergio Lloret]” para “elaborar un documento breve que oriente a los ayuntamientos”. Sin embargo, la moción no prosperó porque, como señaló el propio Lloret en el Pleno “nosotros vamos a seguir con nuestra hoja de ruta”. Sin embargo, se desconoce cuándo estará disponible para los ayuntamientos esa “hoja de ruta” y qué margen de tiempo tendrán las administraciones locales para adaptarla a sus ordenanzas municipales.
Los ayuntamientos de la Isla están interesados en que de las Ordenanzas Provisionales de Acampada salgan adelante. Sin embargo, alguno, como el de La Oliva, sospecha que el texto marco no estará concluido en tiempo y forma por lo que ha solicitado al Gobierno de Canarias la autorización para la declaración de zonas de acampada en las playas de Mararía, Caleta Beatriz y La Caleta de cara al verano, “ante la ausencia de avances en la prometida ordenanza insular de acampada por parte del Cabildo”, apunta Julio Santana, concejal de Playas de La Oliva, quien reclama “celeridad y certidumbre de manera que campistas, cuerpos de seguridad y administraciones tengamos plena seguridad jurídica sobre esta actividad”.
Mientras tanto, el colectivo de campistas volverá a sufrir inseguridad un año más en Semana Santa: “seguiremos sin control y sin coherencia”, aventura Víctor Saavedra.
