Levantarse cada día a las cuatro de la mañana para atender la explotación agropecuaria que le da empleo a uno mismo y al equipo con el que trabaja y, entre medias, pelearte con una maraña de papeles para que la administración pública le de luz verde a unas instalaciones que garantizan la pervivencia del sector primario en el Archipiélago. Y todo ello a través de un proceso burocrático que se puede eternizar durante años.
Esa es la realidad de muchos ganaderos y agricultores de Canarias y, hasta hace algo más de un año, la de los profesionales de Fuerteventura. Desde ese momento han empezado a contar con un servicio de asesoramiento y acompañamiento para que los profesionales del sector primario de la Isla puedan legalizar sus explotaciones. Se trata de una iniciativa puesta en marcha por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Fuerteventura que, a través de una encomienda a Tragsa, dispone de un equipo multidisciplinar (ingeniero agrícola, jurídico y administrativo) no solo para la legalización de las explotaciones que aún están en proceso, sino para garantizar su actividad y, a su vez, poder acometer reformas en sus explotaciones o reclamar subvenciones que garanticen su viabilidad. Y es que los propietarios de estas fincas se topan con un contexto normativo complejo y de inseguridad jurídica que, en muchos casos, les hace desistir y abandonan la actividad.
“Desde que asumí la Consejería, uno de los objetivos que nos hemos propuesto es el de asesorar a aquellas explotaciones carentes de título habilitante”, señala el consejero del Área, David de Vera, quien explica que “nuestros ganaderos y agricultores se tienen que topar con un enredo de normativa y ordenación para poder legalizar su actividad”. A ello hay que sumar la carencia de planeamiento en algunos municipios de la Isla, que aún se rigen por normas subsidiarias, dificultando, más si cabe, el proceso burocrático.
El servicio que presta la Consejería consiste en la realización de visitas de campo (se realizan mediciones y una memoria de situación actual e histórica de las explotaciones agrarias, entre otras acciones), así como de otras actuaciones técnicas preliminares precisas (se revisa la documentación administrativa existente de la explotación agraria y se realiza memorias o estudios relativos a las condiciones zoosanitarias, ambientales, estructurales y dotacionales, en caso necesario) para la elaboración de un diagnóstico inicial del estado real de las explotaciones agrarias. A partir de este informe inicial, el equipo multidisciplinar inicia su trabajo de asesoramiento y asistencia técnicas para la legalización de dichas explotaciones.
“Cuando fueron transferidas las competencias de las Extensiones Agrarias a los Cabildos, estas incluían el asesoramiento a aquellas personas que querían implantar una nueva actividad”, recuerda David de Vera. Este asesoramiento giraba en torno al tipo de suelo, usos permitidos, actividades dentro de cada uso permitido y demás. Pero el Cabildo carecía de ese servicio de asesoramiento. Por ello, “teniendo en cuenta el número de explotaciones carentes de título habilitante y sabiendo que debemos darle regularidad a muchas de las actividades que se están desarrollando, que a pesar de estar dados de alta en los registros ganaderos o agrícolas no están amparadas por ningún tipo de planeamiento, es por lo que hemos creado este equipo multidisciplinar”.
