Texto: Janey Castañeyra
Los cortes de agua en Fuerteventura no tienen solución a corto plazo. El Consorcio de Abastecimiento de Aguas a Fuerteventura, ente público surgido hace ya cuarenta años, se encuentra al límite de su capacidad para atender la demanda, sosteniendo el servicio en un delicado equilibrio que, ante cualquier eventualidad, da lugar a la interrupción del suministro en las zonas afectadas. Y aunque ya están planificadas las inversiones necesarias para poner el servicio al día, tardarán varios años en ejecutarse al completo.
Las causas de los problemas son múltiples y difíciles de concretar -entre ellas, trabajadores del Caaf citan la obsolescencia de las infraestructuras, la falta de medios, de planificación y de innovación, una plantilla insuficiente y sin consolidar o un ente descabezado en su gerencia durante años…- aunque sí es posible establecer dos etapas claras en la evolución del servicio. La primera es una fase de constante evolución. Los abuelos de cualquier majorero se aseaban en una tina y cada vivienda tenía su aljibe hasta los años 60, en que empezaron a llegar cubas de agua en barco. Surgió el Consorcio en los 70, se instalaron las primeras desaladoras y el agua corriente fue llegando poco a poco a todos los rincones de Fuerteventura. Quizá no esté debidamente reconocido lo que en realidad fue un verdadero logro técnico, considerando que la Isla debe extraer del mar el agua de abasto, al estar entre los territorios más áridos de España, frente a otras islas como Tenerife, La Palma o La Gomera, que sencillamente obtienen de sus acuíferos la mayor parte del agua que consumen.
La segunda etapa es la del declive, que podría acotarse a la última década. La crisis de 2008 devino en un parón de inversiones públicas a todos los niveles. Fuerteventura había doblado su población desde 1998, el turismo seguía creciendo y aparecían más y más núcleos a los que había que llevar el agua. En torno a 2015, comenzaron los primeros problemas de desabastecimiento, que se fueron agravando en los siguientes ejercicios.
A nivel político, tanto la responsabilidad de los problemas del Caaf como de sus posibles soluciones puede achacarse a las grandes fuerzas majoreras, sin distinción, pues la Institución insular ha estado en manos de distintas alianzas, desde la etapa 2007-2011 (CC-PP), 2011-2019 (CC-PSOE) y la actual legislatura, en que han gobernado estas tres con la novedad de AMF y Podemos, cada una de ellas con sus luces y sus sombras. Mario Cabrera, Marcial Morales, brevemente Lola García, Blas Acosta y Sergio Lloret han sido presidentes del Cabildo, cargo que corresponde también a la presidencia del Caaf. Junto a ellos, se han sucedido como consejeros delegados del Consorcio Manuel Miranda, Andrés Díaz, Carlos Rodríguez, David de Vera y el último, Juan Nicolás Cabrera, que fue nombrado este año.
El personal del propio Consorcio ha echado de menos un gerente, figura ausente desde hace décadas y que ha vuelto en la presente legislatura. En octubre de 2020, el Cabildo fichó a Juan Antonio Pérez, y tras su cese un año después, le sustituyó Gonzalo Báez en mayo de 2022. Ambos gerentes son ingenieros cualificados y llegaron al ente mediante un proceso de selección por méritos y currículum, lo que no ha impedido que, en ambos casos, las fuerzas políticas que los nombraron se acusaran mutuamente de politizar el cargo.
Presupuesto insuficiente
Con unos 30 millones en su último presupuesto, el peso del Caaf sería equivalente al de un ayuntamiento como el de La Oliva. Con más de un centenar de trabajadores en plantilla, el Consorcio desarrolla el servicio desde dos departamentos fundamentales: Producción, que gestiona tres plantas desaladoras en Puerto del Rosario, Corralejo y Gran Tarajal; y Distribución, que incluye a los encargados y operarios de obras y averías en estas tres zonas. Detrás de ellos, hay una importante estructura dotada de servicios administrativos, económicos, gestión de recursos humanos, atención al abonado, etc.
Pero dada la situación actual, este presupuesto es insuficiente. Solo la subida del precio de la luz ha supuesto al Caaf un sobrecoste del 300% en factura energética. Si antes de la Guerra de Ucrania, el ente dedicaba unos 5 millones de euros a comprar energía, este gasto ha crecido hasta los 18 millones de euros. Solo este coste supera a los ingresos anuales por lo que pagan los abonados, unos 12 millones de euros al año. Si bien es cierto que el Caaf tiene margen en materia de energía, ya que ha sido pionero en la instalación de renovables para su autoabastecimiento energético y puede llegar a producir más de 4 MW/h entre los aerogeneradores de Puerto del Rosario y Corralejo, una cifra que se espera duplicar con un próximo aerogenerador de 4 MW junto al depósito de La Herradura.
Por otro lado, las inversiones necesarias para modernizar el servicio no serían posibles sin el rescate anunciado desde el Cabildo esta legislatura. El Caaf renovó unos estatutos obsoletos en 2019, y en noviembre de 2020 el pleno de la Corporación aprobó el Plan Insular de Cooperación en Actuaciones de Garantía de Abastecimiento Domiciliario 2020-2025, el PICABAS. Este plan prevé destinar 157 millones de euros a renovar infraestructuras en el norte, centro y sur, lo que incluye nuevos módulos de producción (acelerados como proyectos de interés insular), ampliar conducciones, más depósitos, medidas de eficiencia energética, etc.
El Cabildo también ha elaborado desde el CIAF el Plan Hidrológico de la Isla 2021-2027 y declaró junto al Consejo Insular de Aguas, en el verano de 2021, la Emergencia Hídrica en Fuerteventura. La medida ha habilitado a la Institución a desarrollar actuaciones urgentes o a contratar servicios de terceros, mediante cubas o, por ejemplo, como ha hecho Aguas de Antigua, derivando a la red insular unos 700 m³/día.
Sin embargo, como reconoce el propio Cabildo, las grandes obras del PICABAS tardarán en llegar. En diferentes momentos, el presidente del Cabildo y del Caaf, Sergio Lloret, ha mencionado que solo la renovación de la conducción entre la planta de la capital y los depósitos de La Herradura, “la principal arteria del agua en la Isla”, supuso un trámite de una década. Lloret adelantó también, tras la Junta del Consorcio a finales de enero, que la tramitación del PICABAS llevará “alrededor de un año y medio” y que estos proyectos no estarán “definidos y aprobados” hasta mediados de 2024, lo que implica que su ejecución no comenzaría antes de ese momento.
El 50% del agua no se sabe a dónde va
La cifra de pérdidas del Caaf ha sido un dato que el ente ha tratado históricamente de no facilitar, aunque en la actualidad reconoce un 50% de ANR (Agua No Registrada). Porque “pérdida” no es sinónimo de “fuga”, sino la diferencia entre la producción de agua y su facturación. Entre 2016 y 2017, el Caaf produjo 10,6 millones de metros cúbicos de agua, pero sólo facturó 5,4. En el periodo 2020-2021, la producción del Caaf aumentó a 12 millones de metros cúbicos y de nuevo la facturación fue la mitad: 6,3 millones de metros cúbicos. Esas pérdidas no solo suponen un déficit de entre 5 y 6 millones de euros cada año, sino que el Consorcio no sabe a ciencia cierta dónde está ese 50% de pérdidas. Dos fuentes internas coinciden en estimarlas así: un 20% por roturas, un 15% por contadores obsoletos y otro 15% por robos o conexiones irregulares.
Las averías pueden achacarse a que las redes se van deteriorando a medida que pasa el tiempo (algunas conducciones tienen más de 30 años) o a una instalación defectuosa -en muchas obras de renovación, las nuevas tuberías se instalaron con fondos del FDCAN, con directores de obras de otras islas que pudieron no hacer el debido seguimiento-. La renovación de contadores está en curso y es necesaria para contabilizar el agua que consumen miles de abonados, muchos de los cuales no reciben el cargo correspondiente por fallar estos antiguos dispositivos. El Caaf ha instalado recientemente 20.000 nuevos contadores y prevé próximas acometidas en Puerto del Rosario y Gran Tarajal, con una inversión global de 4 millones de euros. En cuanto a las conexiones irregulares, aunque son una minoría quienes las acometen, producen un grave perjuicio a los abonados que sí pagan sus cuotas. Estas situaciones normalmente no trascienden a la opinión pública, pero no son pocas las ocasiones en que el Consorcio se encuentra con fincas o edificios conectados a la red sin contrato alguno. Operarios del Consorcio recuerdan un caso ilustrativo, el de una lavandería conectada ilegalmente a la red aprovechando unas obras en su calle.
“Competencia desleal” de los ayuntamientos
El Caaf es una entidad participada al 60% por el Cabildo y al 40% por los seis ayuntamientos majoreros. Pero no ha sido hasta la presente legislatura, dada la crisis de desabastecimiento, en que se ha pedido a los municipios una mayor implicación. De hecho, el Consorcio no es la única entidad que abastece de agua a Fuerteventura. Tres ayuntamientos han municipalizado el servicio en zonas turísticas, a través de empresas propias como SALOSA, que pertenece al Ayuntamiento de La Oliva, mixtas, como Aguas de Antigua (Ayuntamiento-Canaragua) o mediante empresas privadas como Fuertcan, en Costa Calma.
Esta situación nunca ha gustado en el Cabildo ni en el Consorcio, pues consideran que es una cierta “competencia desleal” de los ayuntamientos, ya que estas empresas se queden con los mejores clientes -establecimientos hoteleros que consumen muchísima agua y que están concentrados en un solo núcleo-, mientras que el Consorcio se ve obligado a extender sus redes por toda la Isla, muchas veces realizando grandes inversiones para atender a unos pocos abonados en núcleos aislados.
Algunos de estos servicios municipales funcionan, como el de Suministros de Agua La Oliva SA en Corralejo que ha anunciado un superávit de 6 millones de euros, mientras que en otros casos se ha producido una situación de continuas averías y desabastecimiento muy similar a la del Consorcio, como ha ocurrido a tenor del conflicto entre Fuertcan y el Ayuntamiento de Pájara, por desacuerdos a la hora de cumplir la sentencia que obliga al Consistorio sureño a recepcionar el servicio junto a la urbanización Cañada del Río.
