El Ejecutivo rechaza las propuestas del informe de la CNMC, que no considera la emergencia habitacional en el archipiélago
El Gobierno de Canarias ha defendido este martes la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas ante el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que propone medidas como permitir que las Viviendas de Protección Oficial (VPO) se destinen a alquiler vacacional y que esta modalidad siga creciendo en zonas tensionadas. La Consejería de Turismo y Empleo del Ejecutivo autonómico considera que estas sugerencias no atienden a la compleja realidad de las islas ni a la crisis habitacional que enfrenta el archipiélago.
La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, subrayó que la CNMC «pasa por alto que el modelo de crecimiento turístico de Canarias debe ser compatible con el bienestar de la ciudadanía, la sostenibilidad del territorio y la preservación de la identidad local». Asimismo, recordó que el Tribunal Supremo ya se ha pronunciado en contra de la postura de la CNMC en otras ocasiones, señalando que las Administraciones Públicas tienen el deber de limitar la vivienda vacacional para evitar la gentrificación y la pérdida de identidad de las ciudades.
El Gobierno de Canarias rechaza de manera contundente la posibilidad de destinar VPO al alquiler vacacional, argumentando que estas viviendas están destinadas a garantizar el acceso a la vivienda de familias vulnerables y han sido financiadas con recursos públicos. También mostró preocupación por la propuesta de permitir el crecimiento del alquiler vacacional en áreas donde la vivienda es escasa y por la posibilidad de habilitar este tipo de alojamientos en espacios protegidos, lo que pondría en riesgo la conservación de la Red Natura 2000 y la biodiversidad.
Otra de las críticas del Ejecutivo autonómico es la sugerencia de la CNMC de flexibilizar los criterios de accesibilidad. De León enfatizó que «la accesibilidad no es un privilegio, sino un derecho fundamental que no se puede negociar».
El informe de la CNMC también cuestiona la limitación del 90% de la edificabilidad para uso residencial y el 10% para turismo, una medida que el Gobierno defiende como clave para garantizar que la vivienda siga cumpliendo su función social. En islas con menor presión turística, este porcentaje puede llegar hasta el 20%.
El Ejecutivo destacó que la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas ha sido avalada por los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias, el Gobierno de España y el Consejo Consultivo. Además, está en línea con sentencias previas del Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y con los principios de sostenibilidad del Parlamento Europeo.
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