La consejera Jéssica de León defiende que la norma busca proteger temporalmente a los afectados mientras los ayuntamientos adaptan sus planes
El Parlamento de Canarias ha convalidado este martes el decreto ley que suspende, durante tres años y a solicitud del interesado, las sanciones por residir en zonas turísticas. La medida, defendida en la Cámara por la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, fue aprobada previamente por el Consejo de Gobierno el pasado 17 de marzo.
Durante su intervención, De León afirmó que “este cambio normativo responde a una problemática compleja, heredada tras años de inacción, que ha generado una grave inseguridad jurídica”. La consejera explicó que la medida afecta especialmente a residentes en unidades alojativas ubicadas en suelos de uso turístico o mixto, pero con licencia turística.
“La norma no busca castigar ni obligar a nadie a declararse ilegal, como se ha dicho erróneamente, sino proteger temporalmente a los afectados mientras los ayuntamientos adaptan sus instrumentos de planeamiento, en función de sus propias realidades. Es una medida de respiro, no de castigo”, insistió De León.
La consejera recordó que la Ley 7/1995 de Ordenación del Turismo de Canarias incluía el principio de unidad de explotación, lo que permitía a los propietarios obtener una renta hasta la irrupción de las plataformas comercializadoras en 2010. La posterior Ley del Suelo de 2017 abrió la posibilidad de consolidar el uso residencial, aunque esta transformación depende de la actuación municipal.
De León subrayó que no se deroga la ley actual porque “diez mil empleos dependen del principio de unidad de explotación” y advirtió que ignorar el proceso de residencialización ha implicado la pérdida de 3.500 millones de euros, 943 millones en recaudación fiscal y 88.000 empleos.
Asimismo, señaló que el nuevo decreto elimina la sustitución del propietario en caso de no atenerse al uso turístico, lo que a su juicio mejora la seguridad jurídica y protege a “residentes, pequeños propietarios y vecinos que compraron hace décadas y ahora se ven atrapados en una normativa obsoleta”.
También reivindicó la labor de los servicios de inspección, señalando que los inspectores solo actúan cuando hay denuncias formales, y adelantó que su departamento ya trabaja en la elaboración de las bases para una futura Ley del Turismo que reformará las leyes 7/1995 y 2/2013. Finalmente, pidió la colaboración de los diputados para encontrar una solución definitiva al proceso de residencialización.
