La consejera de Turismo y Empleo defiende la normativa como una herramienta para ordenar el sector y garantizar la convivencia
La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, compareció en el Parlamento de Canarias en el debate de la primera lectura de la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas. Durante su intervención, pidió a los grupos parlamentarios responsabilidad para aprobar la norma, destacando que su objetivo es “dar seguridad jurídica a propietarios y ayuntamientos, clarificando el régimen competencial y combatiendo el caos existente”.
La futura ley establece que el 90% de las viviendas deberán ser de uso residencial y solo el 10% podrá destinarse al alquiler vacacional, salvo en las islas verdes, donde el porcentaje será del 80/20. Además, la normativa prohíbe la comercialización de Viviendas de Protección Oficial y fija que las viviendas de nueva construcción permanezcan al menos diez años en el mercado residencial antes de ser convertidas en alojamientos turísticos. También se impide el uso de parcelas residenciales para construir hoteles encubiertos.
De León aclaró que esta regulación no pretende resolver el problema de la vivienda, pero sí evitar la especulación del suelo residencial. “Es un derecho consagrado en nuestra Constitución, pero no es ilimitado y es competencia de la administración evitar la especulación”, afirmó.
Durante su intervención, expuso datos sobre el crecimiento del alquiler vacacional en el archipiélago, que ha aumentado un 57% desde 2021, con una subida del 52% en los precios. Además, destacó que en municipios como La Oliva, Arona y Yaiza se ofertan 3.700 viviendas vacacionales frente a solo 240 de alquiler de larga duración, de las cuales únicamente tres tienen precios entre 600 y 800 euros mensuales.
La consejera defendió que la ley sigue los lineamientos de la Unión Europea y el Tribunal Supremo para evitar la desertización y gentrificación. Asimismo, subrayó los problemas que enfrentan trabajadores esenciales, como profesores y sanitarios, que deben desplazarse largas distancias debido a la falta de vivienda asequible.
Finalmente, De León insistió en que la normativa busca equilibrar el sector, protegiendo tanto a los pequeños propietarios como a la identidad de los barrios. “Los canarios queremos que nuestros barrios y pueblos se parezcan a Canarias y a su gente”, concluyó.
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