La formación invoca el Pacto Antitransfuguismo en Gran Canaria, pese a no figurar como firmante, pero evita hacerlo ante la salida de un cargo electo de un partido aliado
Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) ha exigido la devolución de las actas a 22 cargos electos en Gran Canaria que han abandonado la organización, advirtiendo que, de no hacerlo, serán considerados tránsfugas y se solicitará su paso a la condición de no adscritos. La medida se fundamenta en la tercera adenda del Pacto Antitransfuguismo, aprobado en 2020.
No obstante, la formación ha adoptado un enfoque diferente ante una situación similar ocurrida en Fuerteventura, donde un cargo electo bajo la coalición electoral Nueva Canarias-Frente Amplio Canarista (NC-FAC) -en la que participaba el partido aliado Fuerteventura Avanza- ha abandonado dicho partido sin que NC haya solicitado la devolución del acta ni haya invocado el pacto.
Aplicación selectiva del Pacto Antitransfuguismo
NC ha calificado de «categórico» el pacto en el caso de Gran Canaria, argumentando que los 22 cargos electos han traicionado al sujeto político que los presentó a las elecciones. Según la adenda del pacto, se considera tránsfuga tanto a quien abandona su partido como a quien rompe con el partido aliado que propuso su candidatura dentro de una coalición, siempre que lo haga sin su consentimiento.
En cambio, ante la salida de un cargo electo de Fuerteventura Avanza -uno de los partidos que integraron la coalición NC-FAC-, NC ha optado por calificar la decisión como personal, sin consecuencias políticas ni institucionales. La formación ha manifestado que no valora los procedimientos internos de los partidos aliados y ha reiterado que el acta es un derecho individual.
Diferencias de criterio no justificadas por el pacto
Este contraste de posturas evidencia una posible incoherencia en la interpretación del pacto. De acuerdo con su texto, el transfuguismo no se limita a abandonos dentro del partido principal, sino que incluye a quienes rompen con partidos aliados que los propusieron dentro de coaliciones electorales, si dicha ruptura se produce sin acuerdo.
Por tanto, la decisión de no aplicar el pacto en Fuerteventura, frente a su invocación directa en Gran Canaria, podría interpretarse como una aplicación política del pacto, más que jurídica, basada en la conveniencia o la estructura orgánica implicada.
NC y Fuerteventura Avanza no figuran como firmantes del pacto
Cabe destacar que ni Nueva Canarias ni Fuerteventura Avanza constan como firmantes formales del Pacto Antitransfuguismo, por lo que no están obligados jurídicamente a aplicarlo. Sin embargo, NC ha recurrido a sus principios como argumento para exigir medidas políticas en el caso de Gran Canaria, lo que refuerza la distinción entre los casos grancanarios y el majorero como un uso selectivo del acuerdo.
El debate vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de establecer patrones basados en la coherencia, la defensa de los principios democráticos y la transparencia en la gestión de la representación pública cuando se produce una ruptura entre cargos electos y las estructuras políticas que los presentaron.
