El Cabildo de Fuerteventura inicia acciones legales contra el proyecto energético por saltarse la vía ordinaria
El proyecto de la subestación eléctrica «Majorera 132/30 kV», ubicado en el término municipal de Tuineje, ha generado una intensa polémica en Fuerteventura. Aunque su ejecución se presenta como un paso hacia la modernización energética de la isla, el Cabildo Insular ha decidido interponer un recurso contencioso-administrativo contra la orden del Gobierno de Canarias que lo declara de interés general.
Una decisión impuesta desde fuera
Según el Cabildo, esta declaración de interés general ha sido utilizada como una herramienta para evadir los procedimientos ordinarios de planificación y evitar el debate público y el consenso con las instituciones locales. La presidenta insular, Lola García, ha sido clara: «Estamos a favor de las renovables, pero siendo la sociedad e instituciones majoreras las que decidamos dónde se implantan».
La crítica no es contra la energía limpia en sí, sino contra la forma en que se está imponiendo su desarrollo en el territorio, sin un proceso participativo ni transparente. Para el Cabildo, se está permitiendo a las empresas colocar instalaciones «donde les plazca, de manera arbitraria«.
El polémico uso del artículo 6 bis
La consejera de Ordenación del Territorio, Nereida Calero, denuncia que se está haciendo un uso sistemático del artículo 6 bis de la Ley del Sector Eléctrico de Canarias, el cual permite aprobar proyectos energéticos por vía rápida sin justificar urgencia ni excepcionalidad. Este mecanismo estaría siendo explotado por grandes promotores para evitar la evaluación rigurosa y la oposición de las administraciones locales.
«Este procedimiento impide que Fuerteventura decida sobre su propio modelo territorial y energético», sostiene Calero. Por ello, ya han acudido anteriormente a la justicia contra nueve proyectos más tramitados de forma similar.
Afección al territorio y al modelo de isla
La instalación de una subestación de esta envergadura puede tener importantes consecuencias sobre el entorno, afectando visualmente el paisaje, generando impactos durante las obras y condicionando el desarrollo futuro del suelo. Además, hay preocupación ciudadana por la posible acumulación de infraestructuras energéticas que podrían alterar el equilibrio natural y social de la isla.
El Cabildo defiende que los proyectos deben respetar el planeamiento insular y municipal, y sobre todo, tener en cuenta las peculiaridades de una isla como Fuerteventura, cuyo modelo de desarrollo ha apostado históricamente por la sostenibilidad y la defensa del territorio.
Datos técnicos y ubicación del proyecto
La subestación «Majorera 132/30 kV» se encuentra proyectada en el municipio de Tuineje, anexa al barrio de Panchito Ramos, en el centro-sur de la isla. Está diseñada para recibir la energía generada por instalaciones fotovoltaicas como la planta «Majorera I», con una potencia pico de 5,2 MWp.
La planta fotovoltaica asociada cuenta con:
- 7.560 módulos solares bifaciales modelo TSM-690NEG21C.20.
- 1 inversor Power Electronics FS 4390K de alta eficiencia (98,93%).
- Centro de transformación (CT) único, con potencia nominal de 4,39 MWac.
La inversión total estimada para la planta solar es de más de 3,1 millones de euros, lo que da una idea de la magnitud del proyecto energético que se pretende evacuar a través de esta subestación.
Un conflicto que va más allá de un proyecto
Esta controversia pone en evidencia la tensión creciente entre las estrategias autonómicas y los intereses locales en materia energética. Mientras el Gobierno de Canarias busca acelerar la implantación de renovables, en Fuerteventura se reclama un desarrollo ordenado, respetuoso y consensuado.
El conflicto abierto con el proyecto «Majorera» es un reflejo del desafío que supone la transición energética en territorios frágiles y singulares como las islas. La sociedad majorera parece dispuesta a defender su derecho a decidir sobre su territorio.
Próximos pasos
El Cabildo ya ha iniciado acciones legales al no recibir respuesta al requerimiento previo presentado el 31 de enero. Ahora, la cuestión se dirimirá en los tribunales, donde se evaluará si la declaración de interés general fue ajustada a derecho o si, como sostiene el Cabildo, vulnera la autonomía local y el principio de participación ciudadana.
Fuerteventura está diciendo basta. No a las renovables, sino al modo en que se pretende imponerlas sin contar con su gente. La transición energética no puede construirse al margen del territorio ni de quienes lo habitan.
