La Guardia Civil del Destacamento Marítimo de Fuerteventura denunció el pasado día 25 de mayo a tres presuntos pescadores furtivos y al responsable de un restaurante por siete infracciones cometidas en materia de pesca, al ser sorprendidos comercializando una captura ilegal de 60 kilos de pescado que no cumplía con las condiciones higiénico sanitarias en un restaurante de Morro Jable, sin haber pasado este género ningún tipo de control sanitario de cara a su comercialización.
Fruto de la vigilancia que realiza los componentes del Destacamento Marítimo en el litoral de Fuerteventura, en fechas recientes este Destacamento encontró indicios de una serie de prácticas ilegales de un grupo de personas que en reiteradas ocasiones, aprovechando sus desplazamientos desde la vecina isla de Lanzarote, se dedicaban a la pesca furtiva en las costa majorera.
Gracias a la colaboración que realiza el Servicio Marítimo con el personal del Vigilancia de las ZEC Marinas de Canarias, dependientes de la Consejería de Transición Ecológica, se estableció un dispositivo de localización que permitió comprobar que este grupo formado por tres personas ejercía una actividad ilegal de pesca en la zona de Playa de Punta del Viento, en el municipio de Pájara, donde tenían calado un arte de enmalle (cazonal) desde la costa, dándose la circunstancia de que además esta zona está limitada en cuanto al acceso de vehículos y personas por estar catalogada como Punto de Interés Crítico.
La pesca con artes de enmalle en Canarias, según se refleja en el Reglamento de la Ley de Pesca de Canarias (Decreto 182/2004) en su artículo 17. D) está prohibida, con las excepciones de algunas áreas en las islas de Gran Canaria, Tenerife y La Palma, citadas en el Anexo I del mismo.
Por ello, y al objeto de conocer el destino final de las capturas, la Guardia Civil realizó un seguimiento, comprobando que las mismas iban a ser entregadas en un establecimiento de Morro Jable, motivo por el que de forma inminente los agentes impidieron la venta de las especies capturadas, que superaban los 60 kilogramos de pescado, sin cumplir las condiciones óptimas de salubridad para la cadena de consumo, ya que estas capturas no habían pasado en ningún momento el control preventivo y obligatorio sanitario de cara a su comercialización.
