La Guardia Civil del Puesto de Puerto del Rosario detuvo el pasado 4 de mayo a dos varones, uno de ellos de 40 años y el otro de 32 años, como presuntos autores de un delito contra el patrimonio por la sustracción de 272 kilogramos de cobre, extraídos de un alternador eléctrico que abastecía de suministro a una desaladora, ascendiendo los daños causados a 20.000 euros.
La detención es fruto de una investigación que comenzó el pasado 22 de abril, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento mediante denuncia del robo de la bobina de cobre de un transformador eléctrico, situado en la localidad de Caleta de Fuste.
El perjudicado manifestó que los presuntos autores accedieron al interior de la instalación forzando la puerta de acceso a la misma procediendo, una vez dentro de la edificación, a despiezar el transformador auxiliar que abastecía de suministro eléctrico a la desaladora que proporciona agua potable a un sector de la localidad de Caleta de Fuste, provocando un grave perjuicio para la ciudadanía.
A ello se suma que el robo representaba un grave riesgo para los viandantes de la zona, ya que los presuntos responsables dejaron abierto en su huida el acceso a la estación eléctrica, constituyendo un peligro de muerte por la tensión que dichos elementos contienen.
La Guardia Civil del Puesto de Puerto del Rosario realizó las labores de investigación, centrando las pesquisas en un pormenorizado análisis de las ventas de cobre que se realizaron en los centros de recuperación de metales y gestión de residuos.
La venta de este metal había aumentado considerablemente en uno de los centros establecidos en Fuerteventura en días posteriores al robo, hecho que llamó ostentosamente la atención de los agentes, además de que el tipo de cobre dispensado coincidía fielmente con las características del material sustraído. Debido a ello, las averiguaciones se enfocaron en localizar a los vendedores y conocer la procedencia del metal, recabando todos los datos e información para realizar diversas comprobaciones específicas. Para ello, los agentes contaron con el asesoramiento de ingenieros industriales, lo que les permitió acreditar que la procedencia del cobre dispensado en el centro de gestión de residuos estaba directamente relacionada con el metal sustraído.
Además, la Guardia Civil pudo comprobar como las personas que habían ejecutado las ventas, de las que obtuvieron un notable beneficio económico, contaban con numerosos antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio, en su mayor parte por múltiples ilícitos relacionados con el robo de cobre.
Obtenidos los indicios suficientes para atribuir la comisión del delito a los varones investigados, la Guardia Civil estableció un amplio dispositivo policial en la localidad de Gran Tarajal, donde de forma simultánea se produjeron las detenciones de los presuntos autores de los hechos.
