El Pleno de la Corporación insular ha dado cuenta en la sesión ordinaria del informe jurídico relativo al proyecto declarado de interés insular para la construcción de una residencia socio-sanitaria para mayores en Gran Tarajal, en el municipio de Tuineje, que avala el procedimiento seguido por el Cabildo de Fuerteventura para poder ejecutar la obra en el suelo previsto inicialmente en la zona conocida como El Palmeral.
Este informe fue encargado al catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de la Laguna, Francisco José Villar Rojas, tras pronunciarse de forma desfavorable el Gobierno de Canarias durante el trámite de información pública, audiencia de interesados y consulta interadministrativa. El Servicio Jurídico de Ordenación del Suelo Rústico y Espacios Naturales Protegidos de la Dirección General de Planificación Territorial, Transición Ecológica y Aguas del Gobierno de Canarias emitió con fecha 13 de julio de 2021 informe contrario al expediente del Cabildo al estimar que no se pueden tramitar proyectos de interés insular en suelo clasificado como rústico. Sin embargo, dicho expediente administrativo ya se venía tramitando como proyecto de interés insular desde el año 2018 “previo informe de la Consejería de Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias”.
Por este motivo, el Cabildo de Fuerteventura encargó al catedrático Villar Rojas un informe jurídico sobre el alcance de del artículo 123 de la Ley del Suelo de Canarias y el artículo 45 del anexo al reglamento de Planeamiento de Canarias respecto de los proyectos de interés insular, y en particular, sobre el proyecto de implantación de una residencia socio sanitaria para mayores en Gran Tarajal.
Basándose en jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el experto estima que los proyectos de interés general o público pueden desplazar las determinaciones del planeamiento urbanístico cuando suponga el ejercicio de una actuación supramunicipal concreto, como es el caso de la residencia de mayores.
Asimismo, entre otros razonamientos y fundamentos jurídicos, el catedrático entiende que el Gobierno autonómico ha “invadido” las competencias que le corresponden a la Administración insular, al exceder sus facultades y el objeto de su intervención en el expediente del proyecto de interés insular “contraviniendo así lo establecido por la Ley del suelo y Espacios Naturales Protegidos de Canarias, y además, vulnerando los principios de lealtad institucional y de respeto al ejercicio legítimo de sus competencias por otras Administraciones que han de regir las relaciones entre Administraciones Públicas”.
El presidente del Cabildo informó que este dictamen se ha remitido a todos los servicios del Cabildo y al órgano ambiental de Fuerteventura.
