-Recientemente en una conferencia que ofreció en Fuerteventura, invitado por la formación política Drago Verdes Canarias, venía a señalar, de forma resumida, que la desalación del agua es el nuevo gran negocio. ¿Podría decir por qué?
-Antes de la formación de los Consejos Insulares, las obras públicas que captaban o producían agua se entregaban a las comunidades de vecinos o de agricultores que las solicitaban. Incluso cuando el Estado promovía una obra sin que hubiera habido un solicitante previo, el Estado promovía la formación de una comunidad para entregársela tras ser terminada. Esta forma de actuar hacía que una obra pública, financiada por todos los españoles, promoviera agua a un precio suficiente para asegurar el mantenimiento de la infraestructura. En cambio ahora, y desde la década de los 90 que se forman los Consejos Insulares, las obras públicas que hace el Estado se entregan a estos Consejos Insulares que negocian con ellos sacando un beneficio, ya que el mantenimiento está asumido por los gastos de personal y mantenimiento que figuran en sus presupuestos. Por ejemplo: en la isla de Tenerife y hasta hace poco en La Palma, las balsas, obras hidráulicas semejantes a presas, pero que se llenan con aguas de excedentes de las galerías, los Consejos Insulares se quedan con el 40 % del agua entregada. En el caso de Fuerteventura al estar la casi totalidad de la producción de aguas limitada a las desaladoras y estas al ser construidas por el Estado, los Consejos se han convertido en los únicos gestores del bien más preciado y eso, en cualquier economía de mercado, es un gran negocio: los clientes los tienes asegurados y eres el único suministrador.
-A pesar de lo anterior, ¿producir agua desalada conlleva mayores ventajas o inconvenientes de cara a atender la demanda de la población?
-La desalación, cuando no hay otra solución, es la mejor para dar un abastecimiento, pero sí la hay, entonces la desalación se convierte en la peor solución. Esto es debido a varios motivos: los costes de implantación, la construcción de la desaladora son los mayores. Una vez construida, los costes de producción del agua desalada son también los mayores; además, la instalación de desaladoras provoca una dependencia muy peligrosa, desde el punto de vista estratégico y económico, entre el agua y el petróleo, aunque se quiera limitar diciendo que se pondrán energías renovables para dar la electricidad que se necesita. Esta frase todos la dicen, pero nadie la hace. La razón estriba en que la desalación debe ser continua y las energías renovables son muy variables; tampoco la desalación es una buena solución porque genera una clara insostenibilidad al depender del petróleo y, también, genera una doble contaminación por la quema de petróleo y por el vertido de salmuera. En el caso de Fuerteventura hay que decir que la desalación es necesaria porque no hay agua de recursos suficiente para satisfacer la demanda, pero reconociendo que es una solución cara, insostenible y contaminante, y no como dice el Plan Hidrológico y el Consejo Insular que el agua desalada es “un recurso sin limitación cuantificable”, puesto que ni es recurso ni tampoco es ilimitado al depender, hoy por hoy, del petróleo. Una vez reconocida esta circunstancia (solución cara, insostenible y contaminante), lo que hay que hacer es disminuir en lo posible los tres calificativos, tres cosas en las que nunca han incidido.
-En las llamadas islas verdes, el agua es un elemento que se puede encontrar en mayor abundancia que en islas como Fuerteventura o Lanzarote. ¿Con qué alternativas pueden contar estas últimas a parte de la desalación?
-En Fuerteventura, en los años 70 cuando la población era de 25.000 habitantes se extraían 8 Hm3/año de agua subterránea; la demanda actual de la Isla para los 120.000 habitantes es de 11,8 Hm3/año, siempre según datos de los PHI. La infiltración en la Isla, según estos Planes, es tan solo el 6 % de la lluvia, pero lo que han olvidado, aunque lo reconozcan estos documentos, es que hay zonas en la isla en las que esta infiltración puede superar más de diez veces este valor. Me refiero a los malpaíses y en esta hay Isla hay hasta cinco. En ellos, no se produce escorrentía, el agua no corre por su superficie porque la permeabilidad es tan alta que todo se infiltra. Solo en el malpaís de Pozo Negro se puede cuantificar la infiltración anual en 3 Hm3/año. En el caso de Lanzarote, con una superficie de malpaíses de 200 km2, la infiltración puede ser de 20 Hm3/año. La duda radica en la salinidad de esas aguas que debe rondar los 2 o 3 g/l de sales. La solución que propongo para abaratar el precio del agua y disminuir la producción de las desaladoras es extraer agua subterránea y mezclarla en diferentes proporciones con el agua desalada. Si tuvieran 2 g/l y sacáramos 8 hm3/año, podríamos mezclarlas en proporción una parte de agua subterránea con dos de agua desalada. Lograríamos dar la actual producción de agua con 0,7 g/l que es un agua buena para cualquier tipo de uso y nos ahorraríamos un tercio de la producción de agua desalada y rebajar el precio en un 33 % o más al evitar además los tratamientos terciarios del agua desalada.
-Dada la demanda actual de agua, ¿utilizar los acuíferos subterráneos de Fuerteventura no supondrían acercarlos a su destrucción o su agotamiento?
-Cuando propongo la extracción de agua subterránea que hay por debajo de los malpaíses, siempre me refiero a no sacar mayor cantidad de cada uno de ellos que la recarga, o sea, la que se infiltra cada año. Las reservas sustentan a los recursos y esos pueden estar aún más salinizados, por lo que no conviene sacarlos quizás se podrían explotar en momentos de graves situaciones y siempre de forma provisional: constituirían una reserva hídrica insular. Si solo se sacan recursos, esos volúmenes se los quitamos a la descarga al mar de los acuíferos.
-¿Qué papel tendrían que jugar los Consejos Insulares de Aguas de las islas ante la actual situación de demanda y producción de agua?
-El primer papel que deberían tener los Consejos, y que llevan treinta años sin asumir, es el de disminuir las pérdidas. Es difícil comprender como año tras año las pérdidas del 57% del agua producida, si es que esta cifra es real, pueden quedar sin arreglar. Tan solo con reducir estas pérdidas del 57% al 30%, supondría un ahorro de más de 8 Hm3/año en la desalación, lo que supondría unos 12 millones de euros de ahorro, según los precios del agua que dice el Gerente, o 20 millones de euros según dicen los PHI que cuesta la producción de agua desalada. En cualquier caso, dinero suficiente para rentabilizar en muy poco tiempo la obra que asegure eliminar esas pérdidas tan vergonzantes.
-¿Siguen vigentes los conceptos de aguatenientes privados y aguamangantes públicos a los que usted se ha referido en varias ocasiones?
-Son dos calificativos diferentes. Los primeros, los aguatenientes privados, actuaron sobre todo en el pasado y poco a poco van perdiendo fuerza, porque su puesto lo está usurpando los aguamangantes públicos, que han ido adquiriendo preponderancia a partir de esa nueva forma de gestionar el agua por los poderes públicos, que luego las entregan a empresas que todos conocemos y que sus nombre suelen acabar en “agua”. Estas empresas, en las cuatro islas más orientales de Canarias, gestionan el agua por islas, por comarcas o por municipios y lo hacen mediante una concesión administrativa. Suelen ser rejos de grandes multinacionales en las que todo prometen pero poco cumplen. Al final el servicio va deteriorándose a la par que el mantenimiento de las infraestructuras, lo que redunda en una cada vez peor calidad, más inconstante y un peor servicio. En las tres islas occidentales, más atrasadas en esta coyuntura del aguamangante público, todavía se gestionan estas aguas, obtenidas por la iniciativa pública, por los Consejos Insulares, pero solo hay que darles tiempo para que se percaten de que el beneficio se puede repartir a cambio de evitarse el trabajo y la responsabilidad, o al menos eso creen en esto último. En el momento actual y creo que con un futuro incierto, el aguateniente privado sobrevive, coexistiendo con el aguamangante público, en islas como La Palma, Gran Canaria y Tenerife; mientras que en islas como El Hierro, donde el aguateniente privado provocó una especulación que llegó a multiplicar por diez el valor de las acciones, actualmente se ha extinguido completamente y su estatus lo ha asumido, desde hace treinta años, el aguateniente público. En Fuerteventura y Lanzarote también había aguatenientes de triste memoria, pero dada la poca producción de agua no eran de la envergadura de las otras islas, desapareciendo por inanición ante el empuje de los aguamangantes públicos. En cualquier caso cabe terminar señalando una diferencia entre unos y otros: los aguatenientes privados especulaban con agua obtenida mediante obras financiadas por ellos mismos, mientras que los aguamangantes públicos lo hacen con obras que hemos pagado todos con nuestros impuestos.
