La nueva Ley Orgánica 1/2025 impulsada por el Ministerio de Vivienda exige autorización expresa de los propietarios para permitir nuevas viviendas turísticas en los edificios
A partir del este jueves 3 de abril, las comunidades de propietarios deberán aprobar expresamente la instalación de nuevas viviendas de uso turístico en sus edificios. Así lo establece la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal, recogida en la Ley Orgánica 1/2025, impulsada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, liderado por Isabel Rodríguez.
La medida pretende “empoderar a los vecinos” y garantizar la función social de la vivienda, según ha señalado la ministra. La reforma fue aprobada en las Cortes Generales y desarrollada en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y las comunidades autónomas.
Con la nueva normativa, bastará con el acuerdo de las tres quintas partes de los propietarios que representen el mismo porcentaje en las cuotas de participación para autorizar o impedir la instalación de pisos turísticos, sin que sea necesario modificar el título constitutivo o los estatutos de la comunidad, como exigía hasta ahora la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Registro obligatorio y Ventanilla Única Digital
Esta medida se suma a la creación de la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos, aprobada por el Gobierno en 2024 para combatir el fraude en los alquileres de corta duración. A través de este sistema, todos los arrendadores de alquiler turístico o temporal deberán obtener un número oficial de registro que garantice el cumplimiento de la normativa vigente antes de anunciar sus viviendas en plataformas digitales.
Aunque la Ventanilla Única entrará en vigor en julio, el registro de viviendas está operativo desde el 2 de enero de 2025. En estos primeros tres meses, se han presentado 18.104 solicitudes en todo el país. De ellas, 8.787 (49%) han sido aprobadas, 7.393 (41%) están en evaluación y 1.924 (11%) han sido revocadas.
Con estas medidas, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana busca reforzar un modelo de alquiler más transparente, seguro y ajustado a derecho, preservando la convivencia y los derechos de los vecinos en las comunidades residenciales.
