La Guardia Civil del Puerto del Rosario ha detenido a dos mujeres de 42 y 63 años de edad e investigado a un varón de 38 años por la presunta autoría de un delito de estafa continuada y falsedad documental en una trama de alquiler de villas vacacionales en la Isla, en la que se han localizado a más de 30 afectados y se ha cuantificado hasta el momento la cantidad de 29.000 euros estafados.
La investigación comenzó a finales del pasado mes de julio cuando la Guardia Civil comenzó a recibir denuncias de personas que reservaban villas de alquiler vacacional en una agencia supuestamente ficticia que se dedicada a la venta de paquetes vacacionales a través de una página web y perfiles en redes sociales, con el objetivo de dar credibilidad a una imagen corporativa, ofreciendo un producto del que no disponían.
La agencia, que en muchos de los casos no disponía de la concesión de derechos de explotación de los inmuebles, rescataba fotografías de villas en los principales operadores turísticos de internet y las ofertaba como suyas. Los afectados contactaban con esta supuesta empresa a través del número de teléfono que aparecía rotulado en sus perfiles de redes sociales, por lo que tras acordar la reserva de las villas publicitadas, siempre a precio significativamente inferior que la media del sector, realizaban pagos a través de transferencia bancaria o procesadora de pago BIZUM.
Una vez que ejecutaban los pagos comenzaba la triste realidad para los perjudicados: cuando se acercaba el momento de realizar la entrada en las villas, incluso horas antes, eran informados por los imputados que las condiciones de su reserva habían sido modificadas, ofreciéndosele varias alternativas, que iban desde alojamientos en complejos que para nada se ajustaban a lo publicitado y contratado, hasta quedarse sin hospedaje por no disponer de las villas publicitadas, dándose la circunstancia en algunos de los casos, una vez realizado el pago, de que ni siquiera lograron volver a contactar con la supuesta agencia.
Esta circunstancia generaba un grave perjuicio en los afectados pues, independientemente de la pérdida económica y los billetes de avión por proceder de fuera de la Isla, había que añadir el daño emocional a las víctimas que veían arruinadas sus vacaciones.
Como consecuencia de ello, los afectados solicitaban la devolución del dinero y era en ese punto donde la Guardia Civil detectó la segunda parte de la estafa y falsificación documental, pues la supuesta empresa (hoy desmantelada) prometía la devolución del dinero, llegando incluso a emitir a los afectados justificantes de transferencia bancaria, haciéndoles creer que se había realizado el reembolso. Así pues, los investigadores detectaron que dichos justificantes de transferencias no eran reales, bien por haber sido falsificados o alterados o bien por tratarse de estrategias urdidas como realizar transferencias con periodicidad diferida, siendo las mismas canceladas antes de que fueran efectivas, procediendo a generar engaño en sus víctimas.
Estos hechos han provocado gran alarma social en Fuerteventura, especialmente en el sector turístico, pues la difusión de los casos a través de las redes sociales han generado la desconfianza en usuarios de este tipo de turismo, viéndose gravemente afectadas empresas que sí realizan la gestión de villas de manera lícita; el temor generado en los turistas ha derivado en una avalancha de cancelaciones en otras agencias.
Una vez realizadas las pesquisas pertinentes, el operativo se centró en la identificación de los presuntos responsables, detectándose que se trataba de un grupo estructurado en el que la cabecilla contaba con numerosos antecedentes por hechos de la misma naturaleza, habiendo sido detenida hasta en seis ocasiones anteriores.
En este sentido, se obtuvieron indicios para situar en la estructura de la empresa a varias personas con diferente rol, siendo que una de las detenidas era la madre de la cabecilla, quien realizaría funciones de colaboración como titular de las cuentas bancarias y nombre visible de la empresa. Del mismo modo, se averiguó la participación de varias personas que realizaban funciones de intermediarios, obteniendo de ello un beneficio económico.
Hasta el momento se han localizado a más de 30 afectados y se ha cuantificado la cantidad de 29.000 euros estafados. Por ello, y finalizadas las diligencias policiales, los presuntos autores fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Puerto del Rosario, decretando el ingreso en prisión preventiva, comunicada y sin fianza de la misma de la cabecilla de la trama.
La Guardia Civil continúa con esta investigación abierta y no se descartan nuevas detenciones y/o investigaciones. Asimismo, sigue recepcionando denuncias en dependencias policiales por hechos de la misma naturaleza.
