La consejera de Turismo y Empleo anuncia que la previsión es que el proyecto de ley sea remitido el próximo otoño al Parlamento para su aprobación
El texto incorpora algunas novedades respecto a lo presentado en abril con relación a la superficie mínima para destinar una vivienda al alquiler vacacional
La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, anunció este lunes que el anteproyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Vivienda, tras el período de audiencia e información pública, introducirá una serie de propuestas que flexibilizarán los requisitos técnicos para destinar una vivienda al alquiler vacacional en las islas.
La responsable autonómica hizo estas declaraciones en el marco del foro “El reto de regular el uso turístico de vivienda”, celebrado en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria, donde recordó la transversalidad de la futura regulación y calificó como “imprescindible y prioritario ordenar el fenómeno de la vivienda vacacional, una realidad que vivimos y que hay que equilibrar por medio de las herramientas de planeamiento municipal”.
Asimismo, destacó que esta ley es un compromiso del Ejecutivo regional en el que viene trabajando intensamente su departamento, a través de la Dirección general de Ordenación, Formación y Promoción Turística, desde comienzos de la legislatura.
A la espera de concretar el documento definitivo, De León indicó que “aunque la idea y esquema iniciales permanecen, se han incorporado muchas aportaciones que supondrán la mejora del texto normativo”. Así, una de las principales novedades prevé que la superficie útil mínima se rebaje de 39 a 25 metros cuadrados, un criterio equiparable al que han de tener los establecimientos extrahoteleros, casas rurales y casa emblemática y que coincide con los metros mínimos de los que debe disponer una vivienda para la concesión de la correspondiente cédula de habitabilidad.
La nueva norma contempla determinados estándares de calidad que se establecerán para estos alojamientos. “Las viviendas de 25 metros cuadrados que quieran seguir en el mercado deberán cumplir con al menos uno de los diez requisitos de equipamiento complementario”, apuntó De León. En este sentido, “se tendrá en cuenta si el inmueble dispone de aparcamiento de uso vinculado a la vivienda vacacional en la misma parcela, piscina privada o comunitaria, certificaciones de sostenibilidad, cargador de vehículo eléctrico o bien, su propietario certifica la generación de empleo”.
En cuanto al régimen transitorio previsto, el director general de Ordenación, Miguel Ángel Rodríguez, apuntó que “es un proceso que está todavía en curso y para el que buscamos el consenso, pero, como recoge el anteproyecto, no podrán dedicarse a fines turísticos las viviendas sometidas a ningún régimen de protección pública (VPO). Tampoco se permitirán edificios completos destinados al alquiler vacacional ni podrán implantarse en suelos de protección especial”.
Rodríguez señaló que se atenderán las singularidades de las Islas Verdes de La Palma, La Gomera y El Hierro. “En este caso se adecuará el régimen transitorio a la propia Ley de Islas Verdes, pero aportando también garantías de sostenibilidad”, remarcó.
Además, explicó que “otras comunidades autónomas y ciudades han afrontado también esta tarea de ordenar esta modalidad turística que ha venido para quedarse, pero dejando claro que lo que debe primar es el equilibrio”.
Según los últimos datos actualizados en Canarias a 17 de junio hay registradas 59.007 viviendas vacacionales, que suponen 242.685 plazas.
Un proceso abierto y participativo
Jéssica de León precisó que la Consejería de Turismo y Empleo mantuvo reuniones abiertas con la ciudadanía; ayuntamientos; cabildos; sindicatos; colegios profesionales; universidades; partidos políticos, asociaciones y otros colectivos para presentarles los objetivos de la ley e invitarles a plantear sus propuestas.
“El proceso de participación se inició sin una fase preliminar y con sesiones informativas en todas las islas para explicar el trámite de consulta pública previa a la redacción del texto”, señaló la consejera. Posteriormente, se inició la fase de información pública y audiencia. Una vez concluido ese período, la dirección general está analizando las 3.033 alegaciones formuladas y las que sean estimadas se incorporarán al documento.
La previsión es que es que el proyecto de ley sea remitido el próximo otoño al Parlamento para su aprobación definitiva.
