El papel que debe desarrollar el sector público en nuestras sociedades se ha revelado en los últimos tiempos como irremplazable, vital, desvirtuando el discurso de quienes proponen una Administración que actúe de mero espectador de la actuación de los diferentes operadores económicos, pues entienden que genera distorsiones innecesarias.
En este sentido, si algo ha demostrado la reciente crisis sanitaria, que ha arrojado un escenario social y económico atroz, o la desgraciada erupción volcánica en La Palma, que dejará en la isla vecina un panorama desolador también en términos de destrucción de riqueza y de puestos de trabajo es, por un lado, la fundamental intervención de los poderes públicos, de forma coordinada, dejando a un lado las siglas políticas; y por otro, el inexcusable fortalecimiento de sus estructuras para poder dar una respuesta rápida, contundente y eficaz a los enormes retos que vendrán en los próximos años. Es el mejor ejemplo de la importancia del sector público, que lejos de privatizar los beneficios y socializar las pérdidas, se muestra diligente para afrontar tragedias sobrevenidas y debe prepararse para afrontar con garantías de éxito las enormes oportunidades que nos depara el futuro, también en Fuerteventura.
Hoy se dan las condiciones suficientes para la consecución de esos objetivos, pues el Gobierno de España ha vuelto a promover la suspensión de las reglas fiscales para el año 2022, de modo que nuestros ayuntamientos y Cabildo podrán poner todos los recursos económicos al servicio de la reactivación económica así como de la diversificación de nuestro modelo productivo que, lejos de proyectarse con palabras grandilocuentes, debe implicar a la sociedad en su conjunto para que la transformación de nuestras estructuras económicas sea real y efectiva. En definitiva, bajar de las nubes y poner los pies en la tierra.
Sin embargo, esa ardua tarea corre riesgo de no materializarse si no contamos con instituciones capaces de garantizarlo y fomentarlo, y con personas al frente que no solo conozcan la realidad de los problemas que acucian a nuestros vecinos, sino que también sepan implementar políticas públicas que contribuyan a resolverlos. Más aún, si cabe, en un momento en el que la calidad democrática de nuestras corporaciones se encuentra en entredicho; y donde la ausencia de interés en planificar a largo plazo, la debilidad de los acuerdos de gobernabilidad alcanzados y la fragilidad de la palabra dada se convierten en complejos obstáculos que solo podrán ser salvados a través de una profunda reflexión de quienes hoy tienen responsabilidades públicas y deben velar por la puesta en marcha de proyectos de avance y de mejora social, en todos los órdenes.
Por todo eso, ahora más que nunca son necesarias políticas públicas eficientes que permitan contribuir al desarrollo socioeconómico de nuestra isla, dejando a un lado los cortoplacismos, la obsesión por vender humo y las alianzas basadas en el reparto de sillones y no en el acuerdo programático que anteponga el interés general frente a los egos y personalismos.
Ahora más que nunca es necesaria la estabilidad política en nuestras instituciones, de manera que todos los esfuerzos se centren en desplegar la actividad pública con el objetivo, en primer lugar, de paliar las graves carencias de nuestro sistema socioeconómico; y, en segundo lugar, de afrontar los enormes retos y oportunidades que tenemos como isla en términos de calidad democrática, progreso socioeconómico y protección medioambiental.
Y, por supuesto, ahora más que nunca, son necesarios responsables públicos que aúnen consensos, coordinen acciones entre las diferentes administraciones y coloquen a los majoreros y majoreras en el centro de la acción política. Esta debe ser, visto el panorama actual, una de las prioridades de la ciudadanía, porque sin esta premisa todo lo demás se convierte en una quimera. Ahora más que nunca.
