Hemos visto, una vez más, como el Gobierno de España sigue dejando a Canarias a la cola de la inversión media por habitante en el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado.
Hace unas semanas conocíamos las líneas generales de las cuentas públicas que el Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene proyectadas para 2022, dejando en evidencia el maltrato del Estado a los canarios y canarias.
Tanto desde Madrid como desde los grupos que apoyan al Gobierno de Canarias, nos venden estos presupuestos como los más expansivos, los que más recursos destinan, pero cuando nos fijamos en la letra pequeña vemos como se invierte en las Islas solo 167 euros por habitante, tan solo por delante de Baleares y Navarra, frente a la media estatal de 274 euros.
Presumen de un incremento de 10 millones de euros en la inversión cuando están computando 200 millones de euros, de los 1.000 que el Estado adeuda a Canarias por la sentencia del convenio de carreteras; es decir, contabilizan una partida económica que ya le corresponde a la Comunidad Autónoma.
No podemos quedarnos de brazos cruzados. Con los índices de pobreza que padecemos, el paro y la lenta recuperación económica tras el parón causado por la pandemia, necesitamos los recursos que nos corresponden como territorio singular; necesitamos que se cumplan los convenios, necesitamos que se cumplan las partidas a las que obliga nuestro Régimen Económico y Fiscal.
Y nada de esto parece estar seguro en ese proyecto de ley. Tanto es así que ni siquiera han incluido una partida específica para hacer frente a la reconstrucción de La Palma tras la erupción del volcán.
Recordemos que el sector turístico se desplomó el 14 de marzo de 2020, con él, muchos sectores dependientes de su impulso, de su empuje: transporte, alimentación, el sector primario, el comercio…
En Fuerteventura conocemos de primera mano las terribles consecuencias que ha tenido para nuestra gente, la gran incertidumbre y desesperanza que ha generado y la poca credibilidad que han resultado tener tanto el Gobierno de Canarias como el del Estado.
Todavía esperamos por el Plan específico para el Turismo, que prometió la ministra Reyes Maroto, todavía estamos esperando por las subvenciones para comercializar nuestros productos, para abaratar los insumos que utilizamos para la alimentación de nuestros animales…
También seguimos esperando por políticas activas y efectivas para combatir el desempleo juvenil, que en las Islas asciende al 64,2%. Resulta irrisorio que solo se destinen 100 millones de euros para el Plan de Empleo Joven y no se acompañe al bono cultural o de vivienda con medidas que generen oportunidades y un proyecto de vida.
Y mientras, recibimos el mazazo de no contar en esos Presupuestos que se empiezan a debatir en el Congreso con partidas que puedan incentivar la conectividad de Canarias mediante el desarrollo de nuevas rutas marítimas y aéreas, tampoco nada para la promoción comercial ni para trabajar a favor del sector primario.
Desaparecen partidas para infraestructuras educativas, obras hidráulicas, estrategia de internacionalización, universidades públicas y despliegue de banda ancha.
Esto es muy grave y lo es aún más porque esos conceptos, a los que he hecho referencia, están incluidos en el Régimen Económico y Fiscal e insisten en no asignarles fondos desde 2018. No hay respeto por el mecanismo que permite a cada una de nuestras islas salir adelante, reducir nuestra situación insular, lejana y fragmentada, con respecto a otras comunidades autónomas, y en cada anualidad los representantes del Estado intentan esquivar el cumplimiento de la Ley.
Sinceramente no sé que es peor, que ignoren las normas, que aprobamos entre todos, o que reduzcan a un paripé político la negociación de los presupuestos, crean la desventaja, la discriminación para que luego alguna fuerza política pueda monopolizar la mejora.
Triste. Es muy triste que nos hayamos dotado de un fuero específico para el Archipiélago en el que sus pilares son el REF y el Estatuto de Autonomía y a la mínima lo cortocircuitan desde Madrid.
Para ellos no hay pandemia que cuente, paro que importe… y todo ello con la sumisión del Gobierno de Canarias, con su presidente, Ángel Víctor Torres, a la cabeza.
