Tras el reciente anuncio del Consejo de Ministros de la aprobación de un Real Decreto que establece la regulación de la concesión de determinadas subvenciones a favor de determinadas entidades, asociaciones y fundaciones para actividades relacionadas con la promoción, fomento y divulgación de la Memoria Democrática y el reconocimiento moral de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura y sabiéndose así que la conocida como Colonia Penitenciaria de Tefía será beneficiada inicialmente con 100.000 euros para su musealización en virtud del objeto de dichas ayudas, celebro que la isla sea un espacio para la memoria democrática.
Hay que recalcar que la Ley 20/2022, de Memoria Democrática (LMD), tiene por objeto la recuperación, salvaguarda y difusión de la Memoria Democrática, entendida como conocimiento de la reivindicación y defensa de los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales a lo largo de la historia contemporánea de España, con el fin de fomentar la cohesión y solidaridad entre las diversas generaciones en torno a los principios, valores y libertades constitucionales, tal y como se va a llevar a cabo en Tefía, por lo que es importante luchar siempre por hacer justicia histórica, como cuando se promovieron las retiradas de la presidencia honorífica del Cabildo a Francisco Franco y de la alcaldía honorífica de Puerto del Rosario a García Escámez a finales de 2024. A este respecto, no debemos olvidar que nuestro legado histórico tiene que tener muy en cuenta las legítimas y justas reivindicaciones de familiares y asociaciones que luchan por dignificar la memoria de personas desaparecidas y potenciar iniciativas que promuevan el conocimiento de la verdad y divulguen la Memoria Democrática, como en Tefía, donde hay que estar presentes junto a quienes reclaman ese justo derecho y reconocimiento.
En consonancia con el marco anteriormente descrito, no se entiende la reciente retirada, por parte del Gobierno de Canarias, a instancias del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que venía oponiéndose a su aprobación, del Catálogo de Vestigios Franquistas, promulgado en la anterior legislatura, lo que pone de manifiesto que nuestra Comunidad Autónoma carece de un documento crucial para que las Islas no caigan en un limbo legal en el que cada administración pública pueda obrar según le venga en gana en relación a tan importante cuestión que entronca con nuestro pasado reciente y sus consecuencias no convenientemente resueltas en su totalidad.
Entiendo que esta medida coercitiva denosta las medidas contempladas en la Ley de Memoria Democrática, que marca políticas públicas claras que den cumplimiento a los principios de Verdad, Justicia, Reparación y garantías de no repetición, como herramientas esenciales en la construcción de una memoria democrática compartida que, no solo supere las heridas causadas por la Guerra Civil y la Dictadura de Franco, sino que además sirva de sólido fundamento a una verdadera cultura democrática.
Por ello, un solo ayuntamiento de los 88 canarios no puede condicionar la aplicación preceptiva legislativa sobre la memoria democrática del Archipiélago entero, por lo que la decisión adoptada por el Gobierno de Canarias avala la querencia de un Ayuntamiento por mantener a buen recaudo vestigios vergonzosos de nuestro pasado reciente, tratando de evitar la necesaria eliminación de los vestigios franquistas, que hay que barrer de toda Canarias.
Es importante tener en cuenta que, a pesar de que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha esgrimido la omisión del trámite de audiencia en este proceso administrativo, hay que recordar que el Gobierno de Canarias publicó en mayo de 2024 los primeros pasos para la derogación de dicho Catálogo, por lo que sí se dio el preceptivo trámite de audiencia, al que recurrieron para presentar alegaciones algunas asociaciones de Memoria Histórica de Tenerife y La Palma, por un lado, y la Asociación para la Investigación y Protección del Patrimonio Histórico San Miguel Arcángel, que es uno de los colectivos que pretende que quede en pie el monumento a Franco en la capital tinerfeña, por el otro extremo. Por ello, el andamiaje de defensa de la presencia de las huellas franquistas en algún punto de nuestras Islas carece de la base suficiente que lo sustente.
La reparación histórica, que está perfectamente reflejada en la Ley de Memoria Democrática, no debe hacer concesiones a caprichos irreverentes que, como estamos viendo, ignoran las atrocidades cometidas en los años oscuros que supusieron la Guerra Civil y la Dictadura franquista. No se pueden permitir veleidades ilícitas que edulcoren el daño que se hizo a miles de canarios que dieron su vida durante décadas por la libertad en nuestras Islas.
