Texto: Janey Castañeyra
Cientos de familias esperan en Fuerteventura por la valoración necesaria para obtener la ayuda de Dependencia. La legislación española, vigente desde 2008, reconoce el derecho a recibir asistencia a personas que por su condición o estado de salud necesiten de algún tipo de prestación de servicios o ayuda económica, un proceso en que Canarias se encuentra históricamente en los últimos puestos a nivel nacional. Según la Ley, el plazo máximo de resolución de esta solicitud es de 180 días, tres meses. Pero son habituales los casos en los que la ayuda se ha llegado a demorar hasta tres y cuatro años. En Fuerteventura no es distinto y, según el último dato conocido de febrero de este año, eran 392 las personas a la espera de la ayuda en la isla majorera. Son familias en las que alguno de sus miembros tienen por ejemplo algún tipo discapacidad, personas mayores que ya no pueden valerse por sí mismos, con alzhéimer o diagnosticadas de enfermedad mental.
El padre de Inma de Saa, vecina de Tuineje, Lucas de Saa Cubas, falleció a los dos meses de resolverse su expediente. Le había dado un ictus y, tras solicitar la ayuda, se vino a resolver “más de tres años después. Por el grado de dependencia de mi padre, un 50%, la empresa que gestiona el servicio nos asignó a una persona de acompañamiento tres horas al día, tres días a la semana, a las tres de la tarde ¿Para qué queremos que acompañen a mi padre a la hora de la siesta? No libera a mi madre para nada, que tiene 85 años, ni te ayudan en el aseo… Es lamentable”. Todo ello después de un engorroso proceso burocrático, en que “vinieron hasta cuatro veces desde Gran Canaria. Que si enfermeros, que si asistentes sociales, que si personal de la Comunidad… Es un gasto que no se entiende, un derroche de dinero. Mi padre fue taxista, trabajó en el Sáhara español, cotizó durante 40 años y ni siquiera le quedó una pensión digna, que no llega al salario mínimo”. Inma y sus hermanos consideraron que “hay muchas personas mayores en peor situación que la nuestra”, por lo que, finalmente, “decidimos renunciar a la ayuda. La Dependencia nos la dieron en mayo y mi padre falleció a los dos meses. Ni nos dio tiempo a decir que no”, lamenta.
El lado del terapeuta. Laura Figueroa, terapeuta ocupacional, explica la situación desde el punto de vista de los profesionales que atienden a las personas dependientes y los problemas que tienen “sobre todo las islas no capitalinas. La mayoría son personas mayores, pero no hay un buen transporte público. Las familias acaban recurriendo muchas veces a servicios privados, también cuando sus hijos con discapacidad no tienen donde ser atendidos”, especialmente cuando cumplen los 21 años y salen del sistema escolar.
Este es el caso de Engracia Sarmiento, con dos personas dependientes a su cargo: su hijo Sandro, de 22 años, con retraso madurativo y un 75% de discapacidad reconocida, y en trámites para ser la tutora legal de su cuñado Pedro, (61 años), con síndrome de down y alzheimer. Solicitó la ayuda de Dependencia para Sandro “hace cuatro años y pico. En principio me vino denegada, pero después de reclamar, me la concedieron, y el mes pasado me ingresaron la primera cuota. 459 euros después de cuatro años y no sé si será así todos los meses, porque creo que la ayuda es menos. Me dijeron que era con carácter retroactivo, pero no sé qué va a pasar, porque yo me llevo haciendo cargo todo este tiempo de todo lo que necesita, logopeda, piscina, clases particulares, pedagogo, música…”.
Como Sandro se encuentran muchos jóvenes de la Isla con discapacidad, que tras cumplir la mayoría de edad, y al salir del instituto a los 21 años, se encuentran con que no hay plazas en los servicios para ellos. “Tanto por mi hijo como por muchos más, estamos luchando para eso. Pero tampoco quiero un centro de día, porque su discapacidad no es tan grande”. Engracia considera que “para mi cuñado Pedro ya estoy preparada, porque me llevo haciendo cargo de él desde hace 14 años, desde que fallecieron mis suegros”, de modo que su mayor preocupación es su hijo, ya que “con la ayuda adecuada, Sandro podría defenderse solo e, incluso, encontrar un trabajo”.
Sarmiento está en contacto con la asociación de Discapacitados Adivia para encontrar una solución para su hijo. El Centro de Formación El Mundo a Tu Alcance Diferentes e Iguales gestiona un programa de entrenamiento en habilidades socioeducativas para personas con discapacidad mayores de 21 años, en el marco de una subvención a la Asociación Adivia que financia el Cabildo para complementar el servicio de los centros ocupacionales, escasos de plazas.
Tania Azurmendi, trabajadora social, y personal del Centro, explica que “los jóvenes con discapacidad moderada o severa están en enormes dificultades. Hasta que no les dan la valoración, no pueden hacer nada, y la media de espera son dos años. Se quedan tirados porque no pueden ni optar a ayudas, ni tampoco buscar trabajo con el apoyo del certificado de discapacidad”.
Felipe Pérez es otro vecino de la Isla que perdió a un familiar a la espera de la ayuda. Tras tres años cuidando de su tío, dependiente después de que le diera un ictus, falleció hace tres meses. “En mi caso, la ayuda no llegó a tiempo. Me llegó la resolución el 15 de septiembre, 23 días después de fallecer mi tío. Les dije que muchas gracias, pero que llegaban tarde, que ya no hacía falta”. Pérez deduce de sus conversaciones durante los trámites “que la lista de espera se está reduciendo porque cuando inician los expedientes, muchos solicitantes ya han muerto”. Como trabajador de la Residencia de Mayores de Casillas conoce bien la situación, considera que hay que destinar más recursos, puesto que la población está envejeciendo y cada vez son más las personas que lo necesitan, y apunta como problema a resolver la burocracia, porque “no se entiende que nos hagan hacer mil papeles cuando podrían pedirlos de manera interna, dentro del mismo ayuntamiento o entre el ayuntamiento y el Gobierno de Canarias”.
