TEXTO: Janey Castañeyra
Colectivos ambientales e instituciones majoreras coinciden en la necesidad de implantar renovables, pero rechazan este modelo sin orden ni concierto. Las grandes corporaciones son las promotoras de estas instalaciones que en muchos casos conllevan afecciones y presiones a los vecinos, además de impactos visuales y ambientales
Las grandes corporaciones de la energía se han lanzado a tramitar en Fuerteventura la instalación de parques eólicos y fotovoltaicos que superan, según la estimación de los colectivos ecologistas majoreros, los 450 megavatios de potencia, en una isla cuyo consumo medio se sitúa en torno a los 80 MW/hora. Según aparecen reflejados en la web del información territorial del Gobierno de Canarias, habría solicitados unos 25 parques eólicos que suman más de 80 aerogeneradores, y alrededor de otros 40 parques fotovoltaicos. Aunque estas cifras podrían no ser las reales, puesto que hay instalaciones ya desestimadas que continúan apareciendo, al mismo tiempo que aparecen como «en trámite» aerogeneradores que ya están en funcionamiento.
El hecho es que continúa adelante un proceso que comenzó años atrás, y que a pesar de las advertencias de unos pocos colectivos ambientales, se ha acelerado recientemente, para saltar ahora a la primera línea del debate insular. Las consecuencias de los primeros proyectos instalados se manifiestan ya en forma de molestias a los vecinos, su dispersión, expropiaciones forzosas de terrenos, impactos ambientales y visuales…, y han cogido a contrapié a las administraciones insulares y municipales, al no contar Fuerteventura con un instrumento de ordenación específica en materia de energía. La manifestación del pasado 5 de junio sirvió para poner de acuerdo a colectivos ambientales y representantes políticos. Porque todos coinciden en la necesidad que tiene Fuerteventura de avanzar hacia la implantación de las energías renovables, pero también en el hecho de hacerlo de manera ordenada en el territorio, concentrándolos en determinadas zonas para minimizar sus afecciones al medio y a los ciudadanos.
Sin embargo, la reducción de estas afecciones parecer ser justo lo contrario de cómo se han desarrollado los parques de renovables ya instalados, al amparo de la actual legislación regional, así como la repotenciación de la línea de alta tensión, que cruza Fuerteventura de norte a sur, aprovechando los trámites legales habilitados desde el Gobierno de Canarias para agilizar este proceso de renovación energética. En ausencia de una planificación específica en Fuerteventura, los primeros promotores en sacar adelante sus proyectos han sido las grandes multinacionales de la energía.
8 declaraciones de Interés General. El Gobierno de Canarias aprobó en la pasada legislatura por declaración de interés general ocho proyectos en materia energética en Fuerteventura (DIG). Tres de ellas fueron en favor de la línea de alta tensión que promueve Red Eléctrica, cuyo tramo central fue recurrido y paralizado por el Tribunal Supremo tras el contencioso presentado por el Cabildo insular, y que el Gobierno de Canarias ha vuelto a autorizar. Las otras cinco se distribuyen entre los parques eólicos Puerto del Rosario, con ocho inmensos aerogeneradores instalados por la empresa Naturgy Renovables SLU en el entorno de la capital, a pesar de la oposición de la Asociación de Vecinos el Time Limpia y Sostenible, el Parque Eólico Los Alisios, de Siemens Gamesa, con otros cinco aerogeneradores en el Morro del Cuchillo Negro, cerca de El Cardón, y cuya actividad, según la Estación Biológica de Doñana, ha provocado en un año de funcionamiento la muerte de un guirre y otras especies de aves protegidas, y los parques Fuerteventura Renovables I, II y III, ya instalados en el malpaís de Villaverde, pese a los intentos de paralización mediante recursos y alegaciones del Ayuntamiento de La Oliva y la asociación SOS Malpaís.
Todos ellos coinciden en aspectos como su dispersión por el territorio y en su tramitación de manera separada. En opinión de Eduardo Vidarte, de la asociación ambiental SOS Malpaís, «para sortear trámites ambientales», pues el colectivo considera que «en realidad son el mismo parque». Los hechos parecen darle la razón, pues los cinco aerogeneradores instalados en el norte de la isla se han tramitado en tres parques distintos, dos promovidos por Naturgy (antes, Gas Natural Fenosa), y el tercero por Belidia Energy, empresa de Tenerife sin actividad y constituida poco antes de iniciarse el trámite, para luego recibir la titularidad del parque de manos del concesionario inicial, LEO-RAS SL, empresa de Gran Canaria cuyo socio único era Gas Natural Fenosa Renovables SL.
Nuevos parques en trámite. El propio Cabildo de Fuerteventura, desde la Consejería de Medio Ambiente, se ha pronunciado en dos sentidos en los últimos informes emitidos -a los que ha tenido acceso El Enfoque- a la hora de valorar las últimas solicitudes de renovables, de manera desfavorable cuando estas instalaciones afectan a espacios protegidos, y cuando se ubican sobre terrenos rústicos trasladando al Gobierno de Canarias que «la valoración del impacto ambiental debe ser integral, no fraccionada», pues de otra manera, «no se puede tener una valoración real del efecto o impacto que puedan ocasionar sobre el paisaje, la biodiversidad y valores geológicos y naturales de la isla, si se evalúan proyecto a proyecto».
Cabe destacar que los dos informes desfavorables del Cabildo no son vinculantes. En este caso, la institución informó de manera desfavorable a los Parques Eólicos Pájara I y II, con 8 aerogeneradores de 150 metros de altura y un total de 44 megavatios de potencia, que la multinacional Siemens Gamesa proyecta entre La Lajita y La Pared. Aun advirtiendo la institución insular que estos molinos, con sus instalaciones de transporte y estaciones transformadoras, afectan a espacios de protección ambiental, entre ellos el Parque Natural de Jandía, y que por lo tanto su instalación sería contraria al planeamiento, la actual legislación regional permitiría su desarrollo si el Gobierno de Canarias declara su utilidad pública y social, y si el promotor consigue una Declaración de Impacto Ambiental favorable.
Ocurre lo mismo con el parque fotovoltaico que promueve Iberdrola, Huriamen I, a solo 200 metros del Parque Natural de las Dunas de Corralejo, y en cuyo entorno se están tramitando otras cinco plantas solares, Huriamen III, y Apolo I, II, III y IV. Huriamen I es el mayor de todos, un proyecto de casi 15 megavatios de potencia, con 36.720 módulos fotovoltaicos, que ocuparía una superficie de 364.000 metros cuadrados, el equivalente a 53 campos de fútbol, y que sería claramente visibles entre la autovía y las dunas. El promotor ya presentó el proyecto ante el Ministerio de Transición Ecológica y en el Cabildo, y el 20 de diciembre el Gobierno de Canarias publicó su declaración utilidad pública y social, que daría lugar al inicio de expropiación de terrenos, siendo un trámite que ha encontrado la oposición del Ayuntamiento de La Oliva, presentando alegaciones.
Afecciones a los vecinos. Rafael Martínez, de la asociación de vecinos de El Time, no se cansa de repetir que «este no es el modelo. A nosotros nos han instalado un parque eólico con ocho aerogeneradores separados hasta 5,4 kilómetros unos de otros. No tiene ningún sentido», protesta, pues ello implica abrir varios kilómetros de zanjas para las conexiones con la red y nuevas pistas de acceso a los molinos, sin contar con las molestias a los vecinos a los que les han expropiado terrenos e instalado los molinos a apenas 200 metros. «Yo mismo escucho el que tengo a 800 metros. Es como el ruido continuo de un Binter volando bajo. Vivo en el campo y ya no tengo esa tranquilidad. Nos lo han robado». Martínez considera importante seguir hablando y concienciando a la población, pues lo mismo que les ha pasado a ellos, les puede ocurrir a otros vecinos de Fuerteventura.
Otra vecina del sur que, por temor a las consecuencias, no quiere aparecer con su nombre, relata su experiencia al lidiar con las presiones de las grandes corporaciones. En su caso, se enteró por casualidad, «porque sólo lo publican en los boletines, no te notifican», de que le iban a expropiar su finca para instalar las torretas de conexión con los parques eólicos La Tablada y El Moralito, y que cruzaban más de veinte terrenos. «Me llamaban para decirme que tendría que indemnizarles si no les dejaba poner las torretas. Yo quería plantar mis gavias, y con esto me las dejaban inútiles», recuerda. Parece que las alegaciones a este proyecto presentadas en 2017 desde la Asociación Fuerteventura Sostenible dieron sus frutos, pues el proyecto promovido por una empresa de Gran Canaria, conectada con el Grupo Gas Natural Fenosa, hoy Naturgy, no ha continuado su trámite. Según la vecina afectada, «en esto de las renovables hay una gran mentira detrás, porque ellos se lo llevan todo sin que beneficie al pueblo. El sol y el viento tienen que ser de todos, pero ellos hacen lo que quieren y encima con dinero público», argumenta, en referencia a las millonarias subvenciones de los fondos europeos FEDER que están recibiendo estas instalaciones.
Empresarios locales perjudicados. También se consideran perjudicados por el actual modelo los empresarios locales del sector. Un caso ilustrativo es el de dos hermanos de Gran Canaria, José Ramón y Aday Martín, abogado e ingeniero, que llevan diez años intentando sacar adelante el Proyecto Solantes, en Puerto del Rosario, una instalación de renovables con calificación de I+D+I, pues además de la instalación de tres aerogeneradores, incluye un sistema de almacenamiento basado en tecnología de hidrógeno. Este proyecto pionero permitiría almacenar y reutilizar la energía de los aerogeneradores a través de una pila de combustible, un proceso químico que separa las moléculas de agua para aprovechar el hidrógeno, y que como residuo produce oxígeno, también aprovechable en otros procesos.
En mayo del año pasado recibieron la Declaración de Impacto Ambiental desfavorable desde el Gobierno de Canarias, a la que han presentado contencioso. En nuestro caso, «no afectábamos a ninguna ZEPA», e incluso, explica José Ramón Martín, que llegaron a subsanar el proyecto presentando un sistema que permitía detener los molinos en caso de detectar un ave en la zona, además de contratar el peritaje de un experto de SEO Bird Life, el cual «estuvo dos meses en la zona y constató que no había especies protegidas». Martín considera que se está habiendo arbitrariedad y favoritismo en la autorización de parques de renovables, y que mientras «ciertas instalaciones salen adelante en zonas de protección, afloran determinados impedimentos para otros que estamos en mejor situación». Afirma con rotundidad que la Consejería de Industria «facilita el acceso de las grandes corporaciones en detrimento de las empresas pequeñas, que nos encontramos con múltiples barreras e impedimentos en nuestros proyectos».
«Como canario que somos, nos preocupamos por el territorio y porque nuestro proyecto sea viable y respetuoso», por lo que dice entender perfectamente que la sociedad majorera se esté manifestando. En el otro lado, asegura, «los parques de las grandes corporaciones son autorizados prescindiendo de rigor jurídico», siendo «el nuestro objeto de excesivo celo. Ellos tramitan primero y luego ya veremos donde los ponemos», gracias a las expropiaciones. Nosotros planificamos para instalar el menor número posible de aerogeneradores, y en un terreno de nuestra propiedad que hemos comprado». Tras una década tratando de sacar el proyecto, lamenta que tengan declaraciones favorables «proyectos que llegaron el otro día», además del tiempo y el dinero perdido. «Solo el aval fueron 300.000 euros, el solar… Llevamos invertidos un millón y medio de euros para esto. Y nos ha costado la vida, porque le hemos dedicado nuestros mejores años».
Otro buen conocedor de la materia, como es el presidente de la Asociación Eólica de Canarias (AEOLICAN), Rafael Martel, no comparte que la actual legislación regional en materia de energía sea arbitraria, «pues sin los trámites abreviados, sería muy difícil desarrollar el sector», aunque sí afirma no estar «de acuerdo con que se permitan las expropiaciones de esta manera. No me parece bien». Ante la avalancha de solicitudes para proyectos de renovables, considera que «hay muchas empresas y bancos especulando con el precio de la energía», aunque tampoco es oro todo lo que reluce. Si bien «estos proyectos pueden ser muy rentables en este momento, con el precio de la energía por las nubes, el año pasado no fue así», y cree que pudo haber parques de renovables con beneficios muy justos o incluso con pérdidas. Al tratarse de un sector liberalizado, el aumento de la oferta podría también hacer caer los precios, reflexiona. Con respecto a las subvenciones europeas, admite que «hay una cierta burbuja, no lo niego», y también entiende que en Canarias es necesario, pues el déficit de tarifa en las islas es de 1.100 millones de euros al año.
El Gobierno de Canarias, institución responsable en materia energética, y de la que emanan tanto las autorizaciones de nuevos parques de renovables desde el área de Industria, como sus declaración de impacto ambiental desde Transición Ecológica, será quien finalmente adopte o no medidas para atender las demandas de Fuerteventura. Aunque el consejero responsable, José Antonio Valbuena, titular de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, ya aseguró en sede parlamentaria el mes pasado que no se concederán nuevas declaraciones de interés general en Fuerteventura, en los boletines oficiales aparecen cada sema publicados nuevos trámites en relación a este tipo de parques, y relacionadas con otros tipos declaraciones de utilidad pública o de interés estratégico para el ejecutivo regional.
Cambio de Criterio en el Gobierno. No obstante, algunos colectivos han notado ya un cambio en el tratamiento del Gobierno a los proyectos de renovables más recientes. En este sentido, contraponen los ejemplos los parques Fuerteventura Renovables en Villaverde y Puerto del Rosario, en los que detectaron «vergonzosas deficiencias en las declaraciones de impacto ambiental», como por ejemplo no reflejar en el informe un comedero de guirres muy cerca del molino, o directamente omitir la existencia de una granja ganadera entera, con las solicitudes más recientes que han salido denegadas. Es el caso de diferentes parques que han recibido declaraciones de impacto ambiental desfavorables, a pesar de estar en el mismo entorno del parque eólico ya instalado, como son los parques fotovoltaicos Quebrada de Mojeque y La Corte – Llano Verde.
