TEXTO: Janey Castañeyra
El posicionamiento a la hora de articular soluciones ante el problema que está ocasionando en la isla la proliferación de proyectos de renovables sin orden ni concierto, ha generado tanto puntos de acuerdo como fricciones entre el Cabildo y las asociaciones ambientales. Todos los colectivos, así como la totalidad de partidos políticos con representación en la institución insular, están de acuerdo en que las energías renovables son necesarias para avanzar hacia un modelo de isla sostenible, y reducir las emisiones de la central térmica. La fórmula para conseguirlo pasa por desarrollar un documento de planificación energética, un Plan Territorial Especial, que defina las zonas donde instalar este tipo de proyectos, considerando el mejor aprovechamiento del viento y el sol, pero también las afecciones al paisaje, los valores ambientales, el territorio y la población, además de establecer una paralización cautelar de los proyectos autorizados mientras se desarrolla este nuevo documento.
Tras la manifestación del pasado 5 de junio, en el pleno ordinario del Cabildo se debatieron las posibles fórmulas. Los colectivos habían presentado a los grupos una propuesta de moción apoyada por la Plataforma SOS Salvar El Cotillo, Agonane – Ecolistas en Acción, Colectivo Guanil, la Asociación de Vecinos El Time Limpia y Sostenible y SOS Malpey, en un principio avalada por el grupo de gobierno, y que finalmente no fue aceptada, tras elevarla a debate el Partido Socialista. En su lugar, el pleno aprobó una moción alternativa, que presentó la vicepresidenta y consejera de Medio Ambiente, Lola García, considerando los colectivos «del todo inadmisibles las modificaciones realizadas».
Las asociaciones rechazaron la mención expresa de una posible modificación del PIOF, pues consideran que la institución podría tener otros intereses a la hora de impulsar el documento de ordenación insular, y que además conllevaría un proceso más largo y complejo. No obstante, la moción aprobada recogía tanto la posible modificación del PIOF como la elaboración del Plan Territorial Especial como alternativas, y que según explicó la propia Lola García, el objetivo es impulsar ambos documentos, el Plan Insular porque ya está avanzado en su tramitación y es necesario para la isla, y también iniciar la redacción del Plan Territorial Especial para, en función de cual se desarrolle primero, aprobar lo antes posible la necesaria planificación energética.
Ambas mociones sí coincidían en aspectos como establecer mecanismos de participación ciudadana en todo el proceso, y en proponer fórmulas para tratar de conseguir la suspensión cautelar de las autorizaciones en trámite. La moción aprobada añadía, además, un aspecto importante a la hora de afrontar el problema, proponiendo al Parlamento de Canarias «la modificación del artículo 6 bis de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario, el cual establece el procedimiento excepcional para obras de interés general para el suministro de energía eléctrica».
En este sentido, el texto aprobado detallaba alusiones a la normativa los y procesos legales necesarios para hacer frente a la situación desde el Cabildo, y que no recogía la moción inicial, algo que Lola García valoró como importante, pues en lugar de una declaración de intenciones, «necesitamos una hoja de ruta clara y unos plazos para trabajar». Durante los próximos meses se comprobará si el Cabildo impulsa las medidas aprobadas, y especialmente si también las instituciones regionales, Gobierno y Parlamento de Canarias, se activan o no para dar respuesta a las demandas de la sociedad majorera.
