Texto y foto: Janey Castañeyra
La oleada de inmigración que viene experimentando Canarias y Fuerteventura en un contexto de crisis económica derivada de la pandemia, y unido al señalamiento de los menores migrantes como un problema desde ciertos sectores políticos, han prendido la mecha de un debate y encendido una reacción social que no se había visto en los fenómenos migratorios anteriores.
El foco ha recaído en los menores extranjeros no acompañados, especialmente en los de origen magrebí, llegando a percibirse la palabra MENA (Menores Extranjeros No Acompañados) en sentido peyorativo. La generalización y la asociación entre inmigración y delincuencia es injusta, en palabras de María Greco, de la Asociación Entre Mares, quien considera que no es una cuestión de nacionalidad, sino cultural y de las circunstancias de vida de cada persona. Tampoco las autoridades locales ni los cuerpos policiales de la Isla han alertado sobre un incremento de la delincuencia en relación a la inmigración, ni lo han reportado los vecinos y vecinas que vierten cientos de comentarios en las redes sociales con cada nueva noticia relacionada con el tema.
Sí han trascendido los altercados acaecidos en el Centro de Emergencia para la Atención de Menores Extranjeros No Acompañados de Puerto del Rosario, a raíz de un comunicado de Comisiones Obreras denunciando la masificación del inmueble y agresiones y amenazas al personal por parte de los usuarios. Este recurso dependiente de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia acoge a más de cincuenta migrantes en un dúplex de cinco habitaciones, sin comedor -pues el salón ha sido reconvertido en dormitorio-, y compartiendo un único baño.
Un representante sindical de los trabajadores de la empresa que gestiona el centro, Ricardo Uzcategui, relata que en un espacio habilitado para 25 o 35 menores, llegan a coincidir más de 50, destacando la palabra “coincidir”, porque al ser un centro abierto donde no puede prohibírseles entrar ni salir, las fugas e incumplimientos del toque de queda son constantes. El sindicato reportó que la masificación y “el clima de inseguridad es incompatible con un centro de trabajo y con unas dependencias dedicadas a la protección de personas menores de edad”, aunque el propio personal cuestiona esa misma realidad.
Los trabajadores consultados coinciden en que “muchos no son menores, se ve a primera vista” y que declaran serlo “porque les beneficia”, dado que permanecen asignados a este recurso mientras se resuelvan las pruebas óseas de edad. En este sentido, el sindicato apunta a la Fiscalía de Menores como entidad responsable de una demora que puede alargarse hasta 7 meses hasta resolver si son menores o adultos.
La legislación española, en cumplimiento de los Derechos Humanos, ofrece las máximas garantías a la protección de la infancia, por lo que, en caso de duda, prevalece su derecho como menores. De este modo, conviven en el inmueble adolescentes con derecho a la protección legal correspondiente a su edad, con otros migrantes mayores que ocasionan problemas y que acarrean denuncias a sus espaldas. Ricardo Uzcategui protesta porque ni el centro ni el personal “estamos preparados para atender a menores con medidas judiciales” y que “solo se derivan a los centros especializados de otras islas a los que cometen varios delitos”.
El consejero de Políticas Sociales del Cabildo, Adargoma Hernández, confirmó la situación reconociendo que continuamente “nos llegan quejas de los vecinos”, lamentando que los responsables, “después de declarar ante el juez, vuelven al centro. Eso no ayuda, porque no perciben consecuencias de sus actos”. Por ello, declaró, “hemos pedido a la Fiscalía y a la Consejería de Sanidad que agilicen las pruebas” y “que incrementen la plantilla y la seguridad, especialmente en horario nocturno”.
Hogares. La Institución insular es la entidad responsable de los cinco centros de acogida de menores que funcionan en la Isla, con 10 plazas cada uno. Es a estos hogares donde se derivan los migrantes del Dispositivo de Emergencia, una vez resueltas las pruebas óseas. Allí “se distribuyen entre los menores nacionales en acogida para favorecer su integración”, añade Hernández. En estos centros, gestionados por encomienda de gestión a una empresa, es a todas luces más llevadero, aunque un técnico educativo indica anónimamente que la coordinación entre la Administración y la empresa “debería mejorar”. Piensa que “el sistema falla cuando se encomienda a una empresa la acogida de menores”.
Este trabajador diferencia entre los perfiles de menores extranjeros que llegan solos o acompañados. “Los hay con ganas de integrarse y de avanzar en la vida, pero también niños pobres con adicciones que han venido engañados por las mafias o por las redes sociales. En los centros existen problemas y siempre han existido. Pero también hay chicas y chicos muy buenos, estupendos, que han estado años con nosotros y que han conseguido un arraigo. Se han integrado”. Otra trabajadora también traza una línea con respecto a la edad de los menores extranjeros. “Cuando llegan con 13 o 14 años, o más jóvenes, es posible trabajar con ellos y notas su evolución. Ves que pueden integrarse. Pero cuando vienen de un entorno desestructurado, han convivido toda su vida con la delincuencia… entonces ya es mucho más complicado. Tampoco es que tengan culpa, porque son el resultado del mundo que les tocó vivir”.
A fecha de publicación de este reportaje, todavía no se encontraban resueltas las pruebas de edad de las que están pendientes los migrantes del Centro de Emergencia del Gobierno de Canarias, lo que permitiría su derivación a los centros de acogida de menores del Cabildo o, en caso de ser considerados adultos, al centro de El Matorral.
