Denuncian caos en la gestión y alertan sobre el deterioro de los servicios públicos
Los Comités de Empresa de ambas provincias de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias han exigido la dimisión del presidente Fernando Clavijo por su «inacción» ante las reiteradas denuncias de «dejación de funciones, caos y hostigamiento» por parte de varios responsables del área.
Según los sindicatos, la falta de respuesta del Ejecutivo ha agravado la situación en los servicios sociales, afectando tanto al personal como a los ciudadanos que dependen de estas prestaciones. Denuncian sobrecarga laboral, amenazas veladas y un clima de trabajo hostil, además de una supuesta estrategia de desmantelamiento del servicio público que podría derivar en la externalización de recursos esenciales.
Uno de los focos principales de las críticas es la gestión de las Escuelas Infantiles, que, con más de 50 años de trayectoria, enfrentan una grave crisis por la falta de personal. Esta carencia ha obligado al cierre de aulas y la contratación de catering externo, encareciendo el servicio pese a contar con cocinas propias y personal cualificado. Además, los sindicatos denuncian un agravio comparativo con la Consejería de Educación, donde la matrícula es gratuita, mientras que en Bienestar Social se exige una cuota mensual.
Los trabajadores también señalan retrasos significativos en la atención al público, la gestión de la dependencia y la valoración de discapacidad. Destacan que los tiempos de espera para la valoración de discapacidad alcanzan casi cuatro años, mientras que la tramitación de la Renta Canaria Ciudadana acumula expedientes pendientes desde el segundo semestre de 2023.
Pese a las reiteradas denuncias y recomendaciones de la Inspección de Trabajo, los representantes sindicales afirman que no se han tomado medidas correctivas en las instalaciones donde operan algunas direcciones generales. Ante esta situación, exigen soluciones urgentes y una gestión más eficiente y transparente para garantizar un servicio público de calidad y el respeto a los derechos laborales del personal.
