Han pasado dos años de una legislatura muy intensa y con muchas dificultades. Nada más echar a andar nos encontramos con un fenómeno desconocido para la sociedad del siglo XXI, la pandemia del coronavirus, que obligó a posponer los planes de Pedro Sánchez y del Gobierno de coalición.
En estos dos años se ha logrado una mayoría parlamentaria superior a la de la investidura que ha permitido aprobar muchas leyes de índole social y económico y el apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara a los Presupuestos Generales del Estado para 2021 y 2022, donde se incluyeron los fondos europeos para la recuperación.
La crisis sanitaria trastocó las previsiones y el calendario legislativo pues con el Real Decreto por el que se declaró el estado de alarma y el confinamiento hubo que tomar las medidas necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria, económica y social que se nos vino encima. Así fueron las primeras medidas adoptadas en marzo de 2020 mediante el Real Decreto-ley 8/2020 de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. Medidas de apoyo a los trabajadores, familias y colectivos vulnerables, medidas de flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de actividad para evitar despidos (ERTEs); medidas Garantía de liquidez para sostener la actividad económica ante las dificultades transitorias consecuencia de la situación (ICOs); o medidas de apoyo a la investigación del COVID-19, entre otras.
La crisis de la COVID-19 no solo ha afectado a nuestro país, es una crisis mundial y por ello los estados miembros de la Unión Europea se comprometieron a crear el fondo NextGenerationEU para impulsar la recuperación. A España le concedieron 140.000 millones de euros, casi el cincuenta por ciento a fondo pedido. Ante este compromiso se elaboró el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que fue aprobado por La Comisión Europea. España ha sido el primer país de la Unión que ha cumplido y que ha cobrado ya la primera anualidad.
La crisis no ha impedido que el gobierno de Pedro Sánchez lleve dos años desarrollando reformas y ampliado derechos y libertades, que fueron recortados por los gobiernos de Mariano Rajoy; contra viento y marea de la derecha y la derecha extrema de PP y Vox, que no han hecho otra cosa que poner palos en las ruedas con tal de derribar a Pedro Sánchez y al Gobierno de coalición.
Son muchos los logros en estos dos años de legislatura: 47 leyes aprobadas (14 orgánicas, que requieren mayoría absoluta de la Cámara). Entre estas reformas legislativas se encuentran la reforma del mercado laboral y del sistema de pensiones, con el aval de los agentes sociales del país; las leyes de Educación y Formación Profesional; la creación del ingreso mínimo vital; la ley sobre cambio climático y transición energética; la ley de regulación de la eutanasia; las medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género; o la ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que tienen un marcado carácter social.
Son muchos los logros para la ciudadanía que se han desarrollado en estos dos años, pero Canarias también sufrió un fuerte revés en este tiempo de legislatura: a los incendios de forestales, la quiebra de Thomas Cook, el cero energético en Tenerife, el cierre del espacio aéreo de Canarias por calima y la crisis sanitaria, económica y social derivada de la COVID-19, hay que sumarle la erupción que se produjo el pasado mes de septiembre en la isla de La Palma.
El Gobierno de España siempre ha estado al lado del Gobierno de Canarias, respondiendo en todo momento a las emergencias surgidas. No dudó ni un momento en hacer frente a ambas crisis en las Islas atendiendo las demandas del presidente Ángel Víctor Torres. La última prueba ha sido que desde el minuto uno el presidente Sánchez se volcó con la tragedia de La Palma haciendo un seguimiento in situ del volcán, viajó a la isla en múltiples ocasiones.
El Gobierno de España, comprometido con Canarias, ya ha entregado 1.144 millones de euros para la recuperación del sector turístico, que se distribuyeron entre empresas, pymes y autónomos, convirtiéndose en la primera comunidad autónoma en distribuir y pagar el cien por cien de los fondos entregados. La Palma ha recibido hasta ahora 242 millones de euros como anticipos para ayudas para vivienda y alojamiento de personas afectadas por la erupción, ayudas para la emergencia social y de apoyo al empleo, ayudas por empresas, autónomos y sectores económicos, etc.
Con este Gobierno gobernamos para dar respuesta a los retos que exige la agenda global del desarrollo y hacer de España un país más digno en el seno de la comunidad internacional. Cumplimos y avanzamos con el acceso universal a la salud como derecho de la ciudadanía, restableciéndolo para todas las personas que residen en nuestro país (incluidos los y las inmigrantes en situación irregular); con el SMI subiéndolo como nunca antes en nuestra historia, situándolo en 965 euros/mes en 2021 (229 euros más que en 2019); subiendo las pensiones con el IPC y un 3% las no contributivas y eliminando la pérdida de poder adquisitivo de hasta el 30% que impuso el PP.
